Los letrados del Parlament avalan que no corre el plazo

El reloj para convocar el Pleno de investidura y nombrar nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña no ha comenzado. Al menos ésta es la conclusión a la que todo hace indicar que llegarán los letrados del Parlament en el informe que remitirán hoy a la Mesa de la Cámara, después de que el presidente, Roger Torrent, se lo solicitara tras las dudas surgidas tras «aplazar» sine die el Pleno para votar al prófugo Carles Puigdemont para president.La clara advertencia del Tribunal Constitucional de que llevar a cabo esa sesión plenaria podía hacer incurrir en responsabilidad penal a quienes lo facilitasen, es lo que motivó que Torrent optara por no suspender el Pleno, sino aplazarlo.

Si hubiese acordado lo primero nadie duda de que el plazo de los diez días habría vencido ya, pero decidió «aplazarlo», lo que suscitó las dudas. En cambio, los letrados, previsiblemente, no entrarán en cuándo sería el momento en que empezaría a contar el plazo para la celebración del debate de investidura, dejando tal decisión en manos de la Mesa, y, más en concreto, de su presidente, que sería quien tuviese la última palabra al efecto. El informe de los letrados de la Cámara no pueden ser objeto de recurso alguno, ya que se trata de un dictamen meramente consultivo. En cambio, la resolución de la Mesa que adopte una vez cuente con ese informe, continuar con el aplazamiento del debate de investidura o fijarlo a largo plazo, sí puede ser objeto de la correspondiente impugnación.

En concreto, los grupos parlamentarios estarían facultados para acudir al Tribunal Constitucional si consideran que con la decisión de la Mesa se vulneran los derechos de los parlamentarios. Por tanto, no sería tampoco descartable que, al final, fuese el Alto Tribunal quien se tuviese que pronunciar sobre cuándo debería haber comenzado el cómputo para la celebración de Pleno de investidura.

Nuevamente, se dejaría en manos del Alto Tribunal una cuestión que debería haber sido resuelta en el órgano natural para ello, el propio Parlament.

Y, junto a todo ello, tal como publicó LA RAZÓN la semana pasada, la última opción que se guarda el presidente del Gobierno si este impás permanece y se prolonga durante un largo tiempo es acudir al Senado para que le faculte, como presidente que es también en estos momentos de la Generalitat, para poder disolver nuevamente la Cámara catalana, lo que supone ampliar las medidas previstas desde el momento en que se activó el artículo 155 de la Constitución.