Para impedir el 1-0 hacían falta 40.000 agentes según los Mossos

Tres mandos de la Policía autonómica explican al juez que avisaron de que el despliegue era «insuficiente».

Impedir la celebración del referéndum ilegal independentista requería desplegar un dispositivo de 40.000 agentes. Así constaba en uno de los informes policiales que, según un mando de los Mossos d´Esquadra que ayer declaró como testigo ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, manejaron en los días previos al 1-O Policía, Guardia Civil y Mossos.

Según fuentes jurídicas, Emili Quevedo, jefe de la Comisaría Técnica de Planificación de la Seguridad de la Policía autonómica, hizo referencia a este informe en su declaración para evidenciar la imposibilidad de evitar el referéndum (ni siquiera sumando efectivos de los tres cuerpos policiales podían acercarse a esa cifra) con el dispositivo que se puso en marcha que –al igual que el mayor de los Mossos, Ferran López, y el responsable de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos, Joan Carles Molinero– admitió que fue «insuficiente». Los tres testigos aseguraron que advirtieron de este hecho al coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo, al contrario de lo que manifestó al magistrado el coronel de la Guardia Civil el pasado 1 de febrero. De los Cobos, añadieron, no les puso ningún reparo.

En total, el mayor de los Mossos (que declaró durante tres horas) explicó que se desplegaron 7.500 agentes –la mayoría sin formación específica en orden público– a los que se sumaron, según recordó después Quevedo, otros 800 después de que la Fiscalía solicitara más efectivos el día antes de la votación ilegal. Eso provocó incluso un súbito problema de intendencia porque muchos eran del servicio de Información, que prestan servicio de paisano, y hubo que «uniformarlos a todos».

Los tres mandos coincidieron también en que en una reunión mantenida el 28 de septiembre del pasado año (tres días antes del 1-O) con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el consejero de Interior Joaquim Forn les advirtieron de la posibilidad de que se produjera, en palabras de López, «alta tensión» a consecuencia de una «movilización social» que podía echar a las calles a más de dos millones de personas e incluso, según algunas fuentes, provocar episodios «violentos». Molinero avisó del posible «conflicto» y Quevedo, de «problemas de orden y de seguridad».

En esa misma reunión, uno de los mandos de los Mossos habría reprochado a los políticos, según las mismas fuentes, que algunas de sus manifestaciones públicas (Forn había asegurado en julio que los agentes autonómicos no impedirían el 1-O) «les ponían en el disparadero». Pese a todo –contaron al juez, a los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena y a los abogados de VOX, Javier Ortega y Pedro Fernández– Puigdemont les aseguró, según relató Quevedo, que «seguirían adelante» con el 1-O porque «querían cumplir con el programa electoral».

Molinero también admitió que Interior abortó, meses antes del referéndum ilegal, la compra de armas largas por parte de la Generalitat, aunque no especificó el destino de las mismas.

Los tres testigos evitaron señalar al ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero e insistieron en que las decisiones se adoptaron de forma «colegiada». Su sucesor contó que Trapero decidió no acudir a las últimas reuniones con De los Cobos pues las precedentes habían sido «tensas». López ocupó su lugar para suavizar la situación.