Los secretarios municipales serán fieles a la Constitución

No se arriesgarán a la inhabilitación por ceder equipos y espacios para el referéndum.

Los preparativos del referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre en Cataluña continúan adelante sin que la Generalitat haya aclarado todavía la compra de urnas, la elaboración del censo, la apertura de colegios electorales y el papel de los trabajadores públicos. Las incógnitas sobre la celebración de la votación en estas condiciones, lejos de despejarse, se multiplican. Ayer fue la asociación que reúne a secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos la que lanzó una seria advertencia a los dirigentes independentistas al subrayar, mediante un comunicado, que su obligación es «permanecer siempre fiel al espíritu y al texto de la Constitución española».

El denominado Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (CSITAL) reúne a trabajadores públicos de alto rango, los cuales son responsables de controlar que los ayuntamientos se ajustan a la legalidad con sus actos administrativos.

Dicho de otra forma y poniendo por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona –dispuesto a facilitar la participación en la jornada del 1 de octubre–, son los secretarios quienes se encargarían de remitir un informe a la Delegación del Gobierno sobre la cesión de un equipamiento municipal para el referéndum soberanista.

Un buen conocedor de este grupo de trabajadores públicos consultado por este diario resume así la postura que van a adoptar los secretarios municipales: «Ninguno se va a jugar su carrera profesional por el referéndum. Van a cumplir sus obligaciones porque se arriesgan a una inhabilitación».

En el mencionado comunicado, aprobado por unanimidad, el CSITAL lamenta que determinadas manifestaciones políticas aparecidas en los medios de comunicación en relación al anuncio de celebración de un referéndum el 1 de octubre han dado a su colectivo «un protagonismo que no nos corresponde» y subraya, a continuación, que su actuación se rige por los principios de su código ético profesional. Estos principios propugnan «la defensa de los valores democráticos, de legalidad, de lealtad y de neutralidad y de imparcialidad política».

Preguntada por esta postura de los secretarios e interventores, la portavoz del Govern, Neus Munté, aseguró que ni los funcionarios ni el resto de los trabajadores públicos se verán en «dificultades» por las «decisiones políticas» que adopte el ejecutivo catalán. Munté añadió que es el Estado quien «amenaza y advierte por carta de los riesgos» de la consulta soberanista en un gesto que, dijo, demuestra incapacidad política.