Los sindicatos de Policía apoyan la Ley de Seguridad Ciudadana

Los cuatro principales sindicatos de la Policía –SUP, CEP, UFP y SPP– mostraron ayer su satisfacción porque la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el pasado miércoles, ofrece más protección y garantías a los agentes, al clarificar su actuación en diversas situaciones

Los cuatro principales sindicatos de la Policía –SUP, CEP, UFP y SPP– mostraron ayer su satisfacción porque la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el pasado miércoles, ofrece más protección y garantías a los agentes, al clarificar su actuación en diversas situaciones. A través de un comunicado conjunto, las cuatro organizaciones sindicales reconocen que el texto es «polémico», aunque no dudan en aplaudir el hecho de que aclara su actuación en algunos supuestos como el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los policías.

Al respecto de este punto, uno de los más controvertidos de la ley y «que ha sido empleado de forma torticera por quienes se oponen» a la norma, los sindicatos apuntan que se podrá seguir grabando a los agentes, pero no difundir esas imágenes cuando ello suponga poner en peligro al funcionario, a su familia o al desarrollo de su labor policial. Y recuerdan que «ya ha sucedido en el pasado la difusión de imágenes de policías e incluso su dirección postal», lo que provocó que sufrieran el «acoso por parte de algunos ciudadanos», obligándoles a «trasladarse de domicilio».

Junto a esto, también elogian los sindicatos que se fije en seis horas el máximo de estancia en comisaría para ser identificado en supuestos excepcionales, una regulación que concreta la indefinición hasta ahora existente y ofrece más seguridad jurídica a los funcionarios.

Mientras, en lo que se refiere a la transformación de parte de las faltas del Código Penal en infracciones administrativas, consideran que «no supone ningún tipo de pérdida de garantía legal», pues concede «mayor eficacia» a la hora de perseguir determinadas infracciones, como «los insultos a funcionarios públicos».

En definitiva, las cuatro organizaciones defienden que la ley no es más restrictiva que la anterior, sino «al contrario», pues hacen hincapié en que, en muchos casos, proporciona más garantías a los ciudadanos y mayor protección a los policías, pese a que el Ministerio del Interior «no se haya preocupado de formar a quienes tienen que aplicar esa norma».