Los vocales del CGPJ tendrán que pedir permiso para no pagar sus viajes por España

El Consejo General del Poder Judicial ha extremado el control sobre los gastos de viajes oficiales de sus vocales, hasta el punto de que necesitarán una autorización previa de la Comisión Permanente, lo que hasta ahora sólo era exigible cuando el destino estaba fuera del territorio nacional. Si por razones de urgencia no fuera posible la autorización en plazo por dicha Comisión, los viajes oficiales tendrán que ser autorizados por la Presidencia del Consejo.

Estas normas fueron aprobadas ayer por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y magistrados y, de acuerdo al mismo, sólo quedarán excluidos de esa autorización previa «los desplazamientos que realicen los vocales a la sede del Consejo para asistir al pleno y a las comisiones de las que formen parte, ya que el permiso se entenderá concedido por la convocatoria de esas reuniones».

Es decir, si un vocal que ejerce sus profesión fuera de Madrid deseara trasladarse a la sede del Consejo para trabajar «in situ» durante unos cuantos días, tendría que solicitar la autorización previa de la Comisión Permanente para que se les abonase el desplazamiento y alojamiento, o bien, pagarlos ellos mismos.

Las liquidaciones, tanto de los viajes como de los gastos de protocolo, tendrán que hacerse en un plazo máximo de diez días después de realizados éstos y deberán incorporar los originales de las facturas, que en el caso de los desplazamientos serán los billetes originales o las tarjetas de embarque y la factura original. Los gastos de alojamiento, siempre justificados, se abonarán hasta un límite máximo de 102,56 euros diarios en territorio nacional; mientras que los de manutención, también dentro de España, no podrán superar los 53,34 euros al día.

400.000 euros en un año

El anterior Consejo, tras el «caso Dívar», ya aprobó unas normas de control y gestión de los viajes, en las que se incluía que los viajes se realizarían en clase turista –si se efectuaba en AVE– o en la tarifa más económica, si era en avión. Por lo que respecta a los gastos protocolarios, los altos cargos del Consejo deberán describir el objeto del gasto que sirva de justificación y hacer referencia al cargo o profesión de la persona o personas que lo originan: miembro o alto cargo del Gobierno, parlamentario, autoridad judicial, local o de organismo constitucional. Según datos oficiales facilitados en 2012 por el CGPJ, tras dimitir Dívar, en el año 2011, los 20 vocales del CGPJ, el presidente y el secretario general gastaron un total de 400.966 euros en viajes nacionales, otros casi 70.000 euros en gastos de carácter protocolario y 360.088 por viajes internacionales de sus vocales.