Madrid fraccionó contratos para evitar concursos, según un informe del «caso Gürtel»

La Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones en 104 contratos menores para evitar que se sometieran a concurso público, según un informe.

La Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en 104 contratos menores (de menos de 12.000 euros) para evitar que se sometieran a concurso público, según un informe remitido al juez del caso Gürtel que detecta varias irregularidades en la contratación pública.

El informe, elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Efe, analiza la legalidad de 686 contrataciones de actos institucionales de la Comunidad de Madrid por importe de 6.484.080 euros relacionadas con empresas de la trama Gürtel, la mayoría en los cuatro años citados.

De ellas, 657 son contratos menores por un total de 5.335.808 euros y 6 expedientes de contratación por 1.148.271 euros.

En el caso de los contratos menores, explica que se tramitaron 657 facturas, y que en ellas "de forma habitual el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios, siempre de cuantía inferior a 12.020 euros, con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad".

"En al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento, ascendiendo el importe total de dichos actos a 3.160.549 euros", añade el informe de 136 páginas, y luego concluye que esta cifra supone el 69 % del importe total de los contratos menores, descontando los pagos de los que no se ha facilitado factura.

Por consejerías, destaca que dos de ellas, la de Cultura, Deportes y Turismo y la de Presidencia, registran el 53 % del importe de todos los contratos menores supuestamente fraccionados.

Indica que 418 de las facturas aportadas por la comunidad no desglosan los servicios prestados, otras 56 tienen un concepto genérico y sólo en 96 (el 17%) "figura detallado o desglosado el suministro o servicio que se presta".

"El que en las facturas figuren cantidades a tanto alzado, sin que se detalle o especifique el trabajo realizado, las unidades ejecutadas, ni su coste unitario", indica el informe, no sólo supone una vulneración de la legalidad, sino que además "imposibilita verificar y en consecuencia certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado".

En ocasiones, la emisión de la factura por parte de la Comunidad de Madrid es "muy posterior"a la celebración del acto y en uno de los casos la factura es anterior al mismo, lo que responde, según el informe, a "la voluntad de ir cambiando de forma intencionada las fechas, los importes o los conceptos de las facturas, con el fin de que el órgano gestor preste su conformidad".

También se da el caso de "actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que figuran como destinatarios de los servicios, o incluso órganos gestores que no inician el expediente de contratación, sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".

El informe destaca en sus conclusiones servicios por 108.087 euros adjudicados por el ente público Radiotelevisión Madrid a la agencia de viajes Pasadena, que la red Gürtel supuestamente usaba para dar contraprestaciones a políticos a cambio de adjudicaciones públicas.

Este dinero se remonta a años anteriores a los analizados en la generalidad del informe y corresponde a gastos relativos a la caravana del PP en las elecciones generales y municipales de 1996, 1999, 2003 y 2004.

Otras empresas relacionadas con la trama figuran como adjudicatarias de los seis expedientes de contratación analizados por 1,1 millones de euros (dos mediante negociado sin publicidad y cuatro mediante concurso).

En el caso de los dos negociados, concedidos por 94.000 euros, el informe indica que en ambos las tres empresas que concurrieron eran del mismo grupo (todas ellas vinculadas con Gürtel) y que por lo tanto se vulneraron las normas de contratación pública.

En cuanto a los concursos, destaca que sólo uno de los cuatro cumplió la legalidad, y que en los otros hubo duplicidad de servicios pagados, así como coste y número de actos que no se ajustaban a ellos.

Uno de los concursos sirvió, según el escrito, "como una especie de cuenta corriente"en donde arbitrariamente se incluyeron servicios prestados por la empresa adjudicataria.