Artur Mas insiste en una operación política para «criminalizar» a CDC

El presidente de la Generalitat alega que los mecanismos de transparencia de la Generalitat no dan margen a una financiación ilegal

Con apenas un mes y medio de diferencia, Artur Mas ha vuelto a comparecer ante la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña para dar explicaciones, "motu propi"sobre el presunto cobro de comisiones a empresas a cambio de adjudicación de obra pública, el ya legendario 3 por ciento. Esta vez, el president de la Generalitat en funciones decidió dar este paso tras la detención de ocho empresarios, un cargo del gobierno catalán y cuatro miembros de su partido, entre los cuales el tesorero Andreu Viloca y el ex tesorero Daniel Osácar, este último, imputado ya por el caso del Palau de la Música, fue detenido ayer, poco antes de que Mas iniciara su defensa. Las detenciones se enmarcan dentro de la operación Petrus, que investiga la presunta financiación irregular de Convergència.

Antes de avasallar con un sinfín de explicaciones sobre lo "super transparente"y "super garantista"que es la contratación de obra pública en Cataluña, con mención de la Unión Europea a la buena praxis de la Generalitat inclusive, tiró de victimismo. Volvió a afirmar que las donaciones de empresas a las fundaciones de su partido, Catdem y Barcelona Forum, son escrupulosamente legales y denunció que se están criminalizando con objetivos políticos. Todo es legal, porque la normativa de la Generalitat es tan estricta que no da el mínimo margen a maniobras corruptas. Y "como no hay trato de favor, no hay tema", concluyó. "Hay espectáculo", añadió. Como ejemplo puso que hace un mes, el pasado 15 de octubre, La Razón, avanzó que habría detenciones tras el 27-S en las filas convergentes por presunta financiación irregular. Para Mas la prueba de que "se busca el espectáculo"y "hacer daño a CDC"es que algunos medios estaban avisados de los que iba a ocurrir.

Sin desmerecer que se haya puesto en marcha una investigación a partir de la sospecha de presuntas irregularidades, CDC puso en duda que las actuaciones policiales sean para buscar justicia, ¿era necesario enviar a policías vestidos de ninja para buscar unos papeles en la sede de CDC, ayuntamientos y fundaciones que tiene el Tribunal de Cuentas?, preguntaron los convergentes. Pero la oposición no compró la tesis de que Convergència y la Generalitat son objeto de "caza mayor"para frenar el proceso soberanista. Si fuera así, ¿por qué la Guardia Civil no ha entrado en las sedes de ERC y la CUP?, se preguntaron tanto Miquel Iceta del PSC; Joan Herrera, de ICV, Santi Rodríguez, del PP, o Inés Arrimadas, de Ciutadans. Estos tres últimos pidieron al president que asuma responsabilidades y dé un paso atrás.

Todos recordaron además que las detenciones derivan de la denuncia de una concejal de ERC la provincia de Tarragona y no de una operación orquestada en Madrid, como insiste Mas. al margen de que Convergència tiene quince sedes embargadas y varios procesos judiciales abiertos. Y precisamente como están abiertos, el argumento de Mas de que en diez años de investigaciones no han encontrado nada y ninguna adjudicación ha sido objeto de una sentencia, no sirve.

El PP recordó que el origen de los males de Mas se llama Fèlix Millet, que el caso Palau está pendiente de juicio, que el caso Adigsa no ha puesto fin a la instrucción, igual que el caso Pujol.

Aunque de nuevo Oriol Junqueras evitó enfrentarse a Mas, ERc a través de Marta Rovira pidio la cabeza de Núria Bassols comisionada por la transparencia, cuyo marido es uno de los empresarios detenidos. Pese a que Mas insistiera en que "el sistema de contratación público es impecable", que "la Generalitat se ha autoimpuesto unas normas estrictas con la transparencia, por encima del marco legal estatal"o que "no hay margen para hacer trato de favor en la adjudicación de obras", ERC reclamó que se incrementen las medidas de transparencia para evitar cualquier sombra de duda. "Haga limpieza, president", reclamó Rovira.