Mas no declarará como imputado por desobediencia antes del 27-S

El TSJ catalán quiere evitar que la causa del 9-N interfiera en las elecciones

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no declarará como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) antes de las elecciones autonómicas del 27-S. Según confirmaron fuentes jurídicas, el magistrado Josep Manuel Abril, instructor de la querella por desobediencia contra Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau por su papel en la consulta ilegal del 9-N, no les citará a declarar antes de la jornada electoral, como adelantó este periódico, para evitar las repercusiones políticas del caso y que la investigación interfiera en los comicios.

Ayer mismo, según esas mismas fuentes, las defensas de Rigau, Mas y Ortega solicitaron al magistrado de manera informal –antes de las declaraciones de los testigos fijadas para la jornada vespertina– que las comparecencias no se produjeran antes de las elecciones, que el president y el eje soberanista quieren convertir en un plebiscito sobre la independencia de Cataluña.

El magistrado también escuchó las protestas de los letrados sobre las «filtraciones» de las diligencias de investigación y, según esas mismas fuentes, uno de los abogados defensores se quejó de que «medios españolistas» como LA RAZÓN y «El Mundo» con sus informaciones están convirtiendo este procedimiento «en un juicio político». El instructor se comprometió a poner el máximo celo para evitar la filtración de las resoluciones judiciales, aunque les recordó que las diligencias no se encuentran bajo secreto. De hecho, el magistrado de la querella presentada por Manos Limpias ha decidido que, a partir de ahora, las declaraciones se facilitarán a las partes en formato digital, y no transcritas como hasta ahora, para dificultar la difusión de las mismas.

Los abogados de Mas, Ortega y Rigau consiguieron ayer suspender in extremis una declaración clave para delimitar el papel que jugó la Generalitat en el 9-N después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarase ilegal la consulta. Dolores Agenjo, ex directora de uno de los institutos que se negaron a ceder las instalaciones para la votación ilegal, había sido citada para tomarle declaración tras ponerse a disposición del instructor y aportar al TSJC –a través de la Fiscalía– el intercambio de correos electrónicos entre varios responsables de centros docentes en las horas previas al 9-N. Unas misivas que dejaban traslucir el desconcierto y las presiones que sufrieron los docentes que se negaron a convertir los institutos en pseudocolegios electorales el día de la consulta.

«Me sentí presionada»

Las defensas argumentaron que han tenido conocimiento de los correos, adelantados por LA RAZÓN, apenas hace 48 horas, por lo que no han tenido tiempo para analizarlos. Además, añadieron que de esta forma la acusación popular podría traducirlos al castellano. El instructor accedió a sus pretensiones y la declaración de Agenjo –quien a las puertas del tribunal aseguró a Ep que se sintió «presionada» para entregar las llaves del instituto que dirigía para la votación del 9-N– ha quedado aplazada sine die.

Quien sí declaró fue Josepa Bosch, directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona, que sí entregó las llaves a la conselleria para que, a su vez, se las diese a las organizaciones civiles que formalmente asumieron la organización de la consulta tras la decisión del TC de situarla al margen de la ley. Bosch aseguró que ni se sintió presionada ni recibió órdenes de la consejería de Educación, sino sólo «instrucciones verbales» sobre cómo debían proceder el 9-N. La docente defendió que la Generalitat, como titular de los centros, puede decidir qué uso se les da.

También compareció como testigo el inspector en cap de Educación Francesc Güell, que desautorizó a sus subordinados Jesús Rul y Rafael Alsina, que alertaron a los directores en sendos informes de que la consulta era ilegal y de que no podían ceder los centros para la votación. Según explicó, estos inspectores se extralimitaron porque no tienen competencias para decidir sobre la cesión de los institutos, sino sólo sobre los servicios educativos.