Mas pone en marcha la insumisión contra la «ley Wert» con el «sí» del PSC

BARCELONA- «Porque es una ataque clarísimo al autogobierno y a la cohesión social e invade competencias del Estatut». «Porque hay informes de PISA, el organismo que realiza las pruebas educativas de la Unión Europea, que señalan que las comunidades con lengua propia obtienen unos resultados por encima de la media española». «Porque es una ley inconsistente jurídicamente y nace sin consenso», Cataluña no aplicará la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce). La lista de argumentos de la Generalitat contra la nueva reforma educativa es tan larga que aburre, pero cuenta con el respaldo de los partidos catalanistas –PSC, ICV, ERC y la CUP– y la comunidad educativa catalana. Artur Mas logró ayer el pacto de insumisión a la nueva reforma educativa que perseguía. Los partidos catalanistas y el Consejo Escolar, que participaron en la cumbre anti-Wert, forjaron un frente en defensa del actual modelo escolar, «un modelo de éxito», defienden, que tiene el catalán como única lengua vehicular. Mas firmó el acuerdo que buscaba para actuar al unísono por la vía política –con enmiendas a la reforma educativa–, y por la vía judicial –denunciando la ley ante Tribunal Constitucional (TC)–.

Aunque antes de declararse oficialmente insumisos, de recurrir por enésima vez al Tribunal Constitucional (TC) y de sacar la artillería para evitar que el Gobierno derribe el modelo de inmersión lingüística, que funciona en Cataluña desde hace 30 años, la Generalitat intentará negociar.

Como la ley aún tiene que superar el trámite parlamentario, la Generalitat presentó una batería de propuestas para cambiar la normativa que plantea el Ministerio de Educación. La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, matizó que el frente anti-Wert defenderá junto cuatro enmiendas para blindar el sistema actual. La primera va dirigida a proteger el modelo de inmersión lingüística vigente. Defenderán que las Comunidades Autónomas que tengan lengua propia decidan en base a sus estatutos. El Estatut de Cataluña, que es una ley de rango superior a la Lomce, además de garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, al finalizar la educación obligatoria, deja en manos de la Generalitat el desarrollo de las políticas educativas. El portavoz de CiU, Jordi Turull, que abrió la ronda de comparecencias tras la reunión, que se alargó casi tres horas, hizo una férrea defensa de la inmersión. Insistió en que de la cumbre sale un pacto de unidad de acción. Y presumió de tener un acuerdo del que emana la misma unidad que hubo cuando se dibujó el modelo de inmersión actual en los años 80 y durante los gobiernos de Jordi Pujol y del tripartito en defensa de la inmersión lingüística, un instrumento para normalizar una lengua como el catalán y garantizar la cohesión social. Todos los partidos catalanistas, sean de derecha, de izquierda, ecologistas o «antisistema», como la CUP, coincidieron en que la Lomce es un «sinsentido», una ley «ideológica», que «no se adapta a las realidad» y que «nace fracasada», porque no cuenta con el visto bueno de la comunidad educativa. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, criticó con dureza que la ley Wert pretenda que los gobiernos autonómicos paguen la escolarización en castellano en centros privados a niños que los pidan, pese a que el Consejo de Estado ha negado al Gobierno este derecho. Junqueras alertó de que el dinero para pagar un centro privado a estos alumnos es dinero que dejará de ingresarse en el sistema educativo público y auguró una rebelión social. Si bien ERC cerró filas en torno a Mas, PSC e ICV lo hicieron con matices. Denunciaron la política de recortes de Mas, el cierre de líneas escolares y las bajas de profesores que no se cubren. Además de ir de la mano en la defensa de la inmersión lingüística, Rigau explicó que habrá unidad de acción para enmendar el artículo 6 que aborda el currículum. Todos defienden el modelo actual que deja en manos del Gobierno la elección del 55 por ciento de las asignaturas y en manos de los gobierno autonómicos con lengua propia el 45 por ciento restante. También enmendarán juntos la evaluación y diversificación de cuarto de ESO.