Moncloa intensifica el diálogo con la oposición por el pacto anticorrupción

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió los contactos con todos los grupos parlamentarios el pasado viernes, y el fin de semana esas conversaciones han seguido en marcha a cargo del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y del portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso. El objeto es intentar acercar posiciones con todas las fuerzas políticas ante el Pleno del próximo martes, en el que se votarán las propuestas de resolución del Debate del Estado de la Nación. En concreto, lo que está buscando el Gobierno es un acuerdo mayoritario sobre la propuesta de resolución con las medidas que ha presentado para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Esas medidas, anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incluyen más controles para los partidos, más transparencia para los políticos, una reforma penal y una agilización de los procesos judiciales en materia de corrupción, así como la ampliación del plazo de prescripción de los delitos en esta materia. A diferencia del paquete de propuestas para estimular la economía, que empezó ya a andar el pasado viernes en el Consejo de Ministros, las novedades sobre la corrupción no están más que enunciadas y el Gobierno tendrá que ir escribiendo su letra en los próximos meses.

Fuentes oficiales precisan que la intención es acelerar lo máximo posible su aprobación, para que la mayoría de las reformas puedan ver la luz antes del verano. Pero como paso previo, el Ejecutivo quiere que el resto de los grupos se integren en su propuesta. Dicen desde medios gubernamentales que sería difícil de entender que la oposición no apoyara iniciativas dirigidas «a endurecer la persecución de la corrupción y del corrupto», máxime cuando algunas de ellas ya habían sido defendidas por otros partidos. Lo que ha dicho la oposición hasta ahora en público es que antes de firmar pactos contra la corrupción, el presidente debería dar explicaciones por el «caso Bárcenas». En cualquier caso, el Ejecutivo tiene su parte de razón cuando sostiene que su estrategia estrecha el margen para que el PSOE y las demás minorías se desmarquen de sus medidas y no las secunden en el Parlamento: el mensaje, sin duda, podría chocar ante la ciudadanía. Aun así, el Gobierno ha intensificado los contactos con los grupos en las últimas horas en aras de poder escenificar ese sonoro acuerdo. Mañana se verá.

Al margen de esas negociaciones con los demás grupos, el Gobierno prevé crear un grupo de trabajo interministerial, y en el que participen también el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el portavoz parlamentario, para desarrollar en él las líneas maestras de las reformas anunciadas por Rajoy. Luego, a partir de ahí, Justicia y Moncloa culminarán el desarrollo legislativo que llevarán al Consejo de Ministros. El paquete de medidas que el presidente presentó en el Debate del Estado de la Nación tiene también un sentido de cortafuegos ante los escándalos de corrupción que copan la actualidad, especialmente para frenar el coste en la opinión pública que representa la figura del ex tesorero del PP.