Moncloa quiere equiparar salarios y altos cargos en todas las autonomías

Los trabajos de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA) están entrando en su recta final. La semana pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió una de las reuniones de la comisión y el Ejecutivo ya ha empezado a sondear a las comunidades autónomas. La profundidad y valentía de la reforma depende de que el Gobierno sea capaz de vencer las resistencias autonómicas a cualquier decisión que interfiera en sus poderes. El 30 de junio se presentará el informe que incluirá un amplio catálogo de recomendaciones y propuestas de reformas legislativas completas, así como una auditoría general de todas las Administraciones Públicas.

Entre las cuestiones de mayor calado en las que trabaja el Gobierno está el intento de homologar las tablas de sueldos y de altos cargos autonómicos. Una cuestión muy espinosa, y en la que los Gobiernos regionales protegen a sus «cortes» bajo el paraguas de su competencia plena en materia de autoorganización y estructura administrativa. Esto ha permitido que en cada comunidad haya un mapa distinto de altos cargos y puestos de libre designación, al margen de ninguna regulación común, y sin ninguna obligación en el límite de sus retribuciones.

Aportaciones del Estado

El Gobierno quiere corregir estas diferencias y para ello ha estudiado incluso cómo vincular sus recomendaciones sobre el número de altos cargos y sus tablas salariales con las aportaciones del Estado a las comunidades autónomas. Esto ya lo está haciendo en otros conceptos como, por ejemplo, los pagos a proveedores. Una diferencia sustancial con tiempos pasados es que Hacienda tiene en la actualidad la información al detalle de las cuentas de todas las comunidades vía los planes de saneamiento que éstas tienen que presentar desde que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Información, por tanto, de las desigualdades y de los despilfarros existe; ya es cuestión puramente política las decisiones que se adopten al respecto.

En ese sentido, en el informe que la Comisión Europea publicó el pasado miércoles, Bruselas advierte con mucho tacto al Gobierno sobre la conveniencia de que además de hacer reformas, como esta ley, las reformas tienen que aplicarse. Una recomendación que perfectamente se puede ligar con el hecho de que –después de que haya habido comunidades que en el pasado ejercicio no cumplieron con sus compromisos de consolidación fiscal–, el debate no esté en las consecuencias de ese incumplimiento sino en cómo flexibilizar de manera asimétrica el déficit para este año, dando más margen a las que peor hicieron los deberes.

Discreción férrea

El informe de la reforma administrativa marcará también las pautas para que los organismos autónomos desaparezcan si no demuestran que son eficaces. Pero desde Moncloa anticipan que la parte de más enjundia va a ser la que afecte a la reforma de la Administración General del Estado. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dirige en primera persona este proyecto, con la discreción férrea que tanto le gusta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En este mes intensificará los contactos y también el Gobierno empezará a adelantar en un controlado goteo parte del contenido que incluirá el informe de la CORA.

Esta reforma es prioritaria para el Ejecutivo, que se juega imagen, eficacia y credibilidad. Fue una de las estrellas del programa con el que Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta las elecciones generales y, desde entonces, al Gobierno se le están pidiendo explicaciones por la tardanza en su puesta en marcha. La comisión encargada de preparar las propuestas se constituyó en noviembre del pasado año.

Por cierto, el Gobierno de Zapatero también anunció una reforma de la Administración que dio lugar a la Ley de Agencias y a la creación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Esta última se aprobó en julio de 2005 y se presentó como un instrumento para favorecer el uso de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios. Aquella reforma sirvió para crear aún más organismos y burocracia. Según datos de 2012 de Hacienda, el personal al servicio de las entidades locales supera los 600.000 (24 por ciento del total); el de la Administración autonómica es de 1.347.835 (50% del total); y el de la Administracióndel Estado, de 592.531 (22 por ciento total). Y el gasto de personal y corriente en los ayuntamientos ascendía a 43.806 millones; en las autonomías, a casi 82.000 millones; y en la Administración General del Estado, a más de 40.000 millones.

Los objetivos

Evitar la duplicidad de competencias

Para aplicar el principio «una administración, una competencia» se eliminarán las competencias que desempeñaban los ayuntamientos aunque correspondían a otras administraciones.

La mayoría de los concejales no cobrará

El 82% de los concejales no cobrará y solo tendrán dedicación exclusiva 12.188 de los 68.285 ediles que hay en España. Los alcaldes de municipios con menos de mil habitantes tampoco tendrán retribución.

Mayor control en el gasto municipal

La reforma fortalece el papel de los interventores locales, que ahora dependerán del Estado, para otorgarles una mayor imparcialidad y garantizar un control financiero y presupuestario más estricto.

Ahorro de 7.129 millones de euros en tres años

El ahorro de las reformas en la Administración local se estima en 7.129 millones de euros hasta 2015. La parte del león (3.282 millones) proviene de la eliminación de duplicidades en el ejercicio de competencias.