Moncloa quiere trasladar ya a Franco en octubre

«Por fin. Ha costado mucho pero ya lo hemos conseguido». Moncloa y Ferraz rezumaban ayer satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo que respalda el plan del Gobierno de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una «medida estrella» que se impulsó hace más de un año y que se ha visto lastrada, en su ejecución, por los sucesivos «obstáculos» judiciales que ha ido interponiendo la familia del dictador. La vocación del Ejecutivo es llevar a cabo la exhumación «de la manera más rápida posible», esto es, en el próximo mes de octubre. Antes de que la campaña vicie todavía más una medida que, desde su inicio, estuvo cargada de electoralismo.

Aunque el objetivo sea ejecutar la sentencia «cuanto antes», en Moncloa imponen la premura, asegurando que ésto se producirá «todo lo rápido que los plazos lo permitan». No hablan de tiempos administrativos, porque estos ya se han superado, pero sí existen ciertos trámites que hay que resolver. En primer lugar, el Supremo tiene que notificar la sentencia a las partes, ya que lo que ayer se conoció solo es el fallo y no el bloque argumental. A partir de este momento, el Consejo de Ministros deberá rubricar un acuerdo para establecer la fecha concreta de la exhumación y posterior reinhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, cumpliendo con el Real Decreto-Ley 10/2018 y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018 por el que se inició el procedimiento administrativo para la exhumación y reinhumación de sus restos mortales. El Ejecutivo ejercita así su «facultad subsidiaria» de decidir el destino final de reposo de los restos, ya que la familia agotó los sucesivos plazos previstos para señalar un lugar alternativo a La Almudena. Un emplazamiento que, aseguran en Moncloa, no garantizaba ni «la seguridad de los restos mortales ni la garantía del orden público». Sí está previsto que los familiares estén presentes en la exhumación e inhumación –que será sucesiva y en el mismo día–, si lo desean y que se organice una breve e íntima ceremonia acorde a sus preferencias religiosas. En todo caso, desde Moncloa no quieren dar ninguna publicidad al acto en sí y aseguran que «no se permitirá el acceso a medios de comunicación y se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido».

En Moncloa creen que es cuestión de días y aseguran que aunque la familia recurra a otras instancias judiciales esto no tendrá afección sobre la ejecución de la sentencia. Se refieren al juez José Yusty Bastarreche, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, que mantiene bloqueada provisionalmente la licencia de obras para actuar en Cuelgamuros. «Ni siquiera se refiere al fondo, solo a la forma. Y cuando el hermano mayor –en alusión al Supremo– ha dado el visto bueno... No tiene recorrido», dicen fuentes gubernamentales.

Tampoco la Iglesia se va a oponer. El Vaticano explicitó ayer que «no tiene nada más que decir» sobre un asunto al que ya había dado una respuesta. En concreto, la Santa Sede defendió en su día que la decisión «concierne a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local». Asimismo, señalaba que la exhumación es «competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la Justicia española».