Moncloa triplica ahora el coste de exhumar a Franco

A los gastos derivados del traslado (11.709 euros) se suma el de la inhumación en Mingorrubio, que ascendería a casi 39.800 euros.

El Gobierno dividirá en dos contratos menores los costes derivados de la exhumación de los restos mortales del general Franco del Valle de los Caídos, su traslado al cementerio de Mingorrubio y su inhumación junto a la que fuera su esposa Carmen Polo. Y no sólo eso: cada nueva cifra que se conoce supone un incremento exponencial del coste que para el bolsillo del contribuyente tendrá esta medida estrella del Ejecutivo socialista. El pasado mes de enero trascendió que Patrimonio Nacional tenía previsto un presupuesto de 3.738,90 euros para exhumar a Franco de la basílica del Valle de los Caídos, una operación que supone el movimiento y posterior recolocación de la losa que cubre la tumba del general, una pieza de granito que pesa 1.500 kilos. Sin embargo, a principios de este mes, y tras una pregunta remitida al Portal de Transparencia, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad informó de que esa cifra se triplicaría finalmente hasta los 11.709,17 euros.

Fue entonces cuando se informó de que la inhumación de Franco en Mingorrubio no tendría un coste muy elevado debido a que las obras que deben realizarse en este lugar eran «mínimas». Pues bien, tras una nueva pregunta en el Portal de Transparencia del Gobierno realizada por el diario «Público», se supo ayer que el coste de esta parte del proyecto tendrá un coste para el Gobierno de 39.811,79 euros, lo que sumado al gasto de la exhumación y el traslado supondrá un desembolso de 51.520,96 euros. Es pertinente llamar la atención sobre el precio de la inhumación, que se queda a apenas 200 euros de los 40.000 euros, el límite que establece la Ley de Contratos del Sector Público para que se trate de un contrato menor, que estipula un procedimiento de tramitación y publicación con menores controles.

Sin embargo todas estas partidas presupuestarias están en suspenso hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto el Tribunal Supremo. Aunque el traslado de los restos de Franco debía haberse producido el pasado 10 de junio, el Alto Tribunal concedió las medidas cautelares que le solicitó la familia del antiguo Jefe de Estado al considerar que la exhumación, de producirse en el momento que decretó el Gobierno de Pedro Sánchez, podría vulnerar el derecho de los familiares a la tutela judicial efectiva. Los magistrados consideraron por unanimidad que los intereses de la familia quedarían perjudicados si tras producirse el traslado se estimara el recurso presentado y los resto del general tuviera que ser llevados de vuelta a la basílica del Valle de los Caídos. Y la decisión del Supremo no solo hacía referencia a los intereses de la familia sino también «a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales».

En estos momentos en Moncloa existe confianza de que el alto Tribunal se pliegue a sus deseos. Concretamente cifran sus esperanzas en una frase del auto por el que se concedieron las cautelares a los Franco. En ese pasaje se reconocía en el caso y en la figura del general «unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros». El hecho de que el caso de Franco revista estos «rasgos especiales» hace esperar al Gobierno que la decisión del Congreso prime sobre los deseos de la familia.