Ningún policía avisó al «frente de makos» de ETA de su desarticulación

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si los detenidos el pasado mes de enero por su presunta integración en el denominado «frente de makos» de ETA («frente de cárceles»), entre ellos los abogados Arantza Zulueta y Jon Emparantza, intentaban destruir pruebas inmediatamente después de que una de ellas recibiera una llamada telefónica en la que se les avisaba de la inminente operación policial que se iba a desarrollar y que culminó horas después con esos arrestos, el pasado 8 de enero.

Éste es el motivo por el que el magistrado ha ordenado el rastreo de las llamadas efectuadas a un total de 13 teléfonos móviles, que eran utilizados por los arrestados en la citada operación, el que fue desarticulado y llamado «KT», que controlaba todo lo relativo a los presos de ETA.

Se trata de determinar si se produjo destrucción de pruebas, ya que ello, además, puede tener relevancia a la hora de determinar o no su libertad provisional, pues uno de los motivos para denegarla es la posibilidad de que pueda destruir pruebas.

Fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN afirmaron con toda rotundidad que, al menos hasta estos momentos, no aparece ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad implicado en esa llamada que advirtió a Zulueta de que se iba a llevar a cabo esa operación policial. «Es rotundamente falso que algún agente esté implicado en esos hechos y, en concreto, algún policía nacional», aseguraron las citadas fuentes. Se sospecha que la letrada recibió una o varias llamadas, pero de personas ajenas a Policía o Guardia Civil.

En cualquier caso, insisten los medios consultados, lo que se quiere demostrar a nivel judicial es que, tras recibir esas llamadas (como consecuencia de que la operación fue conocida con antelación por muchas personas al difundirse, por error, la nota del Ministerio del Interior) se produjo la destrucción de pruebas por quienes iban a ser detenidos.

De hecho, en el escrito remitido por la Dirección General de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional se señala que «con alta probabilidad los asistentes a la reunión» que celebraban entonces los detenidos en Bilbao «tuviesen conocimiento de la posible explotación de la operación, pudiendo haber sido alertados tras la publicación por error de la nota de prensa» de Interior. Por este motivo, «y al objeto de recabar nuevos indicios que permitan conocer si los asistentes habituales» a esa reunión fueron «alertados con anterioridad a la explotación de la operación» policial, es por lo que se solicitaba al juez que acordara recabar el tráfico de llamadas entrantes y salientes en la franja horaria entre las 14:45 y 15:45 del 8 de enero , así como los datos de los titulares y facturación asociada a cada una de las tarjetas SIM de 13 teléfonos. Estas pesquisas, según las fuentes de investigación, tendrían como objeto determinar quién realizó la llamada que alertó a los detenidos y, como objeto prioritario, si ello derivó en la destrucción y/o ocultación de pruebas.

El juez Eloy Velasco ha accedido a esa petición al considerarla útil y necesaria para la investigación de los hechos.

Decisión del juez

Además, argumenta que la restricción de la esfera íntima de las personas está justificada en este caso por la «necesidad de obtener la información solicitada, a fin de esclarecer los hechos», porque la actividad delictiva que se investiga es «grave» y se trata de un delito de terrorismo. Por ello, ha requerido a cuatro compañías telefónicas para que aporten todos esos datos.

Control de los presos sin admitir disidencias

8 de enero de 2014. El «KT» del «frente de makos» de ETA controlaba de forma férrea, casi estalinista, a los presos de la banda, sin admitir ninguna disidencia. Para la banda resulta fundamental ese control porque los reclusos se han convertido en su principal razón de ser. Los expertos creen que si los detenidos salieran en libertad podrían retomar sus funciones.