No disparen al interventor

Cuando Picasso le mostró a Gertrude Stein su retrato, la agitadora de la vanguardia parisina respondió que no se parecía a la mujer que aparecía en el cuadro. No sin retranca, el pintor la tranquilizó con un particular juicio de intenciones: «No se preocupe, ya se irá pareciendo». Lo que más teme Manuel Gómez Martínez, ex interventor de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, es que su retrato vaya pareciéndose cada vez más al de Barrionuevo o Vera, segundos espadas que se vieron en el brete de purgar los pecados de los GAL ellos solitos.

En el «caso de los ERE», según entiende Gómez Martínez, de las declaraciones de los santones de la Junta en el Tribunal Supremo, se anticipa un prendimiento al elemento de segunda fila. Él, que figura en la infinita nómina de imputados por la jueza Alaya por «menoscabo de los fondos de la Junta durante más de una década» y por «dictar informes u omitir los mismos», se destapó con una petición de comparecencia en el Alto Tribunal. Su intención: rebatir lo declarado por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes no les consta informe de la Intervención alguno en aquel periodo. Gómez Martínez es un funcionario que desde 1985 trabajó en la Intervención General de la Junta de Andalucía; entre 2000 y 2010, fue titular de la misma. Ascendió en la carrera hasta llegar a la cúspide técnica de la Administración. Ahora está en el punto de mira de sus jefes. Pero sin voto de lealtad al PSOE porque jamás militó y «ni siquiera simpatizó» –cuenta un funcionario de la Consejería de Hacienda–, ha decidido «tirar de la manta. Pero de verdad, no como esos imputados que amenazan con hacerlo y luego se comen el marrón».

Los empleados públicos de carrera, como la fuente consultada y el propio ex interventor, están mal vistos entre la grey política. Por eso, tras la exigencia de respetar el anonimato, el ex compañero de Gómez Martínez no tiene problema en explayarse contra «los dirigentes que tienen secuestrada a Andalucía desde hace treinta años y ahora pretenden quedar como unos ingenuos a los que un grupo de personas que traicionaron su confianza les colaron unas asignaciones presupuestarias fraudulentas... que casualmente enriquecieron a muchos socialistas».

Gómez Martínez fue interventor general con cuatro titulares de la Consejería de Hacienda. En este departamento se encuentra el meollo de las transferencias presupuestarias objeto de escrutinio en el caso de los ERE. Al parecer, fueron partidas que estuvieron durante una década bailando al son que les marcaba una mano invisible capaz de pintar la Capilla Sixtina si hacía falta. ¿Quién manejaba el pincel? «Es increíble que cientos de millones de euros se asignasen sin el conocimiento de los altos responsables de la Junta. Que un grupito de funcionarios y cargos de tercera cometiesen ese fraude durante años sin que nadie se enterase... Eso no hay quien se lo crea». A falta de que el TS complete las diligencias y atienda o no la petición de la acusación particular para que comparezca, Gómez Martínez está siendo sujeto a un proceso de retrato que no le seduce en absoluto. Él se desmarca entre los recovecos del Leviatán andaluz. Los ex presidentes advierten de que nada les consta. Y su retrato aún no se parece al de Barrionuevo y Vera, pero, como diría Picasso, ya se parecerá.