Objetivo: un Estado ingobernable

El Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado se enfrentan a un escenario complicado y delicado. La crisis, su gestión y sus consecuencias sociales han generado un malestar entre la ciudadanía que está siendo aprovechado por determinados grupos de izquierda, y otros colectivos radicales, para calentar la calle.

El Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado se enfrentan a un escenario complicado y delicado. La crisis, su gestión y sus consecuencias sociales han generado un malestar entre la ciudadanía que está siendo aprovechado por determinados grupos de izquierda, y otros colectivos radicales, para calentar la calle para «desestabilizar al poder». Entre las distintas iniciativas que están promoviendo está la nueva movilización para asediar el Congreso el próximo día 25, que quieren que se acompañe de otras acciones secundarias o de «desobediencia civil» que tienen como objetivo conseguir «un estado de ingobernabilidad». Este periódico ha accedido al manual de estrategia y táctica 25-A, que pone en evidencia lo que hay detrás de algunas protestas.

«RODEO» Y ACCIONES SECUNDARIAS DE DESOBEDIENCIA:

Cortes de carretera y encierros

Los promotores del asedio al Congreso, que se celebrará a finales de mes, defienden que en paralelo se desarrollen «otras acciones de desobediencia civil» en cualquier parte del Estado. «Esta parte de la propuesta es fundamental para conseguir un estado de ingobernabilidad que desestabilice al poder, y han de ser ideadas y organizadas por colectivos o grupos de afinidad», sostienen. Entre ellas, señalan los cortes de carretera, la inhabilitación de cajeros automáticos, los encierros, las ocupaciones de inmuebles propiedad de la banca para vivienda, los asedios de otros edificios relevantes, los cortes de luz en sitios estratégicos, el escrache, la inhabilitación de cámaras de vigilancia o las expropiaciones de alimentos y otros bienes necesarios en multinacionales.

ESTRATEGIA FRENTE A LA LEY:

El anonimato como protección

Según la información a la que ha accedido este diario, los citados ideólogos del próximo «asedia al Congreso» han decidido no notificar su convocatoria «a ninguna institución oficial» y, por tanto, no solicitar el obligado permiso legal. Han difundido que no hay que cumplir las reglas de «un régimen al que pretendemos derrocar» y porque además esa notificación obliga a que «una persona dé su nombre y su DNI, y se le haga responsable de todo lo que pase ese día durante el desarrollo de la acción». El anonimato como mecanismo para protegerse de las consecuencias de sus actos.

Si se entra al detalle de la estrategia y de los objetivos planteados, se entiende muy bien esta decisión de dejar la movilización fuera de la legalidad. El fin último no es otro que mantener el asedio desde el jueves hasta al menos el fin de semana, y a ser posible impedir la salida de los diputados que se encuentran dentro del Hemiciclo. «Se trata de poner las cosas lo más difícil posible a los Cuerpos de Seguridad», dice el manual que rige la organización de la protesta.

A los que acudan a la convocatoria les instruyen para que no lleven el DNI; cubran especialmente las entradas al Congreso; aprovechen el momento de carga de los antidisturbios para avanzar, «pues es cuando más se separan los unos de los otros»; y se organicen en «grupos de afinidad» y estén preparados para hacerse relevos en turnos de 6 u 8 horas. «Si logramos resistir hasta el viernes por la tarde es posible que el fin de semana asista mucha más gente y logremos llevar a cabo el primer tramo del asedio», advierten. Su primer objetivo es resistir y conseguir no dejar paso de salida a los diputados, «con lo cual tendría todo el sentido permanecer asediando el Congreso y subir la presión para la consecución de los objetivos». Si los diputados sí consiguen salir, entonces la instrucción es que descentralicen la acción y realicen acciones secundarias de desobediencia como las antes citadas. «El objetivo sería ejercer la máxima presión y dificultar la gobernabilidad del país generando el mínimo desgaste».

«LEGÍTIMA DEFENSA»:

Enfrentarse a la Policía

En las directrices que han repartido entre sus bases, los organizadores animan a «ejercer la legítima defensa cuando sea necesario». Dentro de un mensaje muy ambiguo, que da pábulo a que se interprete que están instando a enfrentarse con los efectivos de la Policía. Por supuesto, por delante se autocalifican de «pacíficos», pero también animan a todos los que acudan a la convocatoria a respetar las distintas formas de lucha empleadas para «ejercer la legítima defensa» siempre que no se atente contra la vida de las personas y que las acciones se justifiquen como acción defensiva o política, y no sean gratuitas. «Acostumbramos a dar por hecho que las personas que emplean formas de lucha más activa que la nuestra lo hacen por rabia o ignorancia, cuando, sin embargo, la mayoría de estas personas lo hacen tras haber tomado dicha decisión de forma consciente y muchas veces tras haber empleado el resto de medios a su alcance para hacerse oír», explican, lo que da lugar a entender que abren la puerta a respaldar los comportamientos contestatarios violentos bajo la pancarta de la «legítima defensa».

En sus comunicaciones, advierten a sus seguidores de que deben saber leer entre líneas, porque les gustaría «dar pautas y un plan táctico muy concreto», pero están limitados porque no es posible hacerlo sin que el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad se enteren. Para ir más allá ofrecen un correo personal de contacto.

PLAN AL MILÍMETRO:

Guía de actuación y asistencia jurídica

Además de todas las acciones ya descritas, para «desestabilizar al régimen» también proponen que el 25-M se realice una «retirada de fondos masiva» en toda España, con independencia de que se asista o no a la acción de asedio al Congreso. Dentro de una estrategia planificada hasta el último detalle, instruyen a los asistentes sobre lo que tienen que traer a Madrid, sobre cómo deben viajar, sobre las cosas que deben llevar durante la acción o sobre cómo deben organizarse dentro de la protesta para salvar los cordones de seguridad y responder a las cargas policiales.

Los organizadores disponen de un servicio de asistencia jurídica que ofrecen a los asistentes. «Debéis llevar escrito en un lugar accesible los datos de los abogados que nos asistirán durante lo que dure la acción para que os atiendan en caso de que os detengan». También les ofrecen la posibilidad de abrir una caja de resistencia para los casos derivados de detenciones y les ilustran sobre lo que tienen que hacer para «rescatar» a los detenidos por la Policía. En lo que de ellos depende, intentan que todo esté atado y bien atado.