Ocho municipios ante el juez por pagar cuotas soberanistas

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha podido comprobar que un total de ocho municipios catalanes han aprobado un acuerdo para abonar una cuota anual a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una medida que, a su entender, «supone afectación de fondos públicos a fines que no son de competencia municipal» y que, por tanto, acabarán en manos de la Justicia. La Delegación del Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo alcanzado por ocho municipios catalanes y por dos consejos comarcales. Dos de los ayuntamientos ya eran conocidos y el Gobierno ya los denunció. Se trataba de Vic –que aprobó pagar una cuota anual de 3.600 euros a la AMI– y de Begues, que aporta 745 euros. Se da la circunstancia de que el alcalde de Vic, Josep Maria D'Abadal (Unió Democràtica), es también el presidente de la asociación de municipios independentista. A la lista de Vic y Begues, ambos ayuntamientos de la provincia de Barcelona, hay que añadir ahora Caldes de Montbui (que aporta 1.487 euros), Olesa de Bonesvalls (262 euros), Vilanova del Vallès (373 euros), Gósol (75,50 euros), Llobera (75,50 euros) y Poal (75,50 euros). Los consejos comarcales que también se han unido son el de Urgell (cuya cuota es de 1.487 euros) y el de Ribera d'Ebre (745,50 euros). La Delegación del Gobierno en Cataluña, que dirige Llanos de Luna, ha enviado varios requerimientos a los citados municipios pidiendo información sobre los pagos efectuados.

Hay que recordar que dos sentencias del Tribunal Supremo aseguran que los entes municipales no pueden, al margen de sus competencias legales, poner sus potestades «al servicio de ideas o proyectos políticos determinados que promueven la autodeterminación, cuya promoción o defensa le corresponde a otro tipo de instituciones, resultando además dichas actuaciones contrarias al principio de objetividad que ha de regir la actuación de los mismos como poderes públicos al servicio de su comunidad vecinal». La sentencia parece dejar lugar a pocas dudas.