Caso ITV
Pagos desde paraísos fiscales
El empresario Ricard Puignou, implicado en el «caso de las ITV», «contrató» a Juan Martí Arjona para que, «supuestamente, influyera en diversos sujetos con puestos claves en el Departamento de Industria de la Generalitat», en relación con la nueva ley que el entonces tripartito que gobernaba en Cataluña –PSC, ERC e IU– preparaba para la regulación del mercado respecto a las estaciones de Inspecciones Técnicas de Vehículos. Según se desprende de varios correos , Martí, que había sido designado por la Generalitat para mediar entre los distintos operadores que aspiraban a concesiones de ITV, percibiría mensualmente 6.000 euros a través de una sociedad del mencionado empresario.
Pero, además, también Puignou habría contratado los servicios de Sergi Alsina «para tratar de influir en la tramitación parlamentaria», formulando éste una propuesta de «honorarios» de 30.000 euros que recibiría «por el trabajo inicial, en la primera fase», y una «comisión de éxito» en caso de lograr los objetivos marcados: «Los honorarios solicitados por Sergi Alsina siempre se componen de un fijo y un variable, dependiendo del éxito conseguido».
En concreto, Martí Arjona habría percibido un total de 48.000 euros de Puignou a lo largo de 2008, entre marzo y octubre, según se recoge en el último informe de la Agencia Tributaria remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN.
Las pesquisas han llevado también a determinar el modo en que se efectuaban esos pagos, los cuales procedían de una sociedad de Puignou radicaba en un paraíso fiscal: «Estos pagos se realizan desde la sociedad Inteca S.A., con sede en Luxemburgo y gestionada por Ricard Puignou y sus socios, a una cuenta situada en Andorra de la que consta como titular Joan Martí Arjona», se afirma en el citado informe. En cambio, no se ha podido determinar si esa «relación contractual» se extendió más allá del citado periodo de tiempo, porque «al realizarse la transacción desde Luxemburgo a Andorra y no ser declarados dichos importes por Joan Martí en España, dichos pagos quedan fuera del control de la Hacienda Pública española».
En relación con Alsina, emitió una primera factura de 30.000 euros, a través de una empresa de la que era titular. En un primer momento, los asesores que gestionaban la sociedad de Luxemburgo (Inteca S.A.) cuestionaron el contenido de la factura, «debido a su concepto genérico y al no existir un acuerdo contractual anterior entre las partes que lo justifique».
Suiza, Luxemburgo, España
Posteriormente, se solventaron esas dificultades y se dan «instrucciones de pago. De ello, se afirma en el informe de la Agencia Tributaria, «se deduce que este tipo de comisiones pagadas, presuntamente por influenciar en la aprobación de determinada normativa de la Administración catalana, se realiza con cargo a fondos suizos, que posteriormente son trasladados a Luxemburgo y finalmente son pagados en España».
De esta forma, se utilizan entidades situadas en paraísos fiscales «con ánimo de interponer diversas sociedades para dificultar el seguimiento de la operación y recibir los fondos sin ningún tipo de carga impositiva».
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