Perspectiva histórica

No hay duda de que no estamos acostumbrados a que los príncipes de las Casas Reales que reinan en Europa, y mucho menos en otras regiones del globo menos aficionadas a la luz y taquígrafos, sean imputados en procesos judiciales. El que eso haya sucedido a S.A.R. la Infanta Doña Cristina, Duquesa de Palma de Mallorca –a quien el Magistrado-Juez Castro llama en el auto de imputación "Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia"- nos atañe de un modo singular, como españoles y –en mi caso, al menos- como monárquicos. Las opiniones acerca de las consecuencias de este hecho difieren desde quien cree que supone la "débacle"para la Monarquía española –y en tal caso unos la llorarían y otros lo celebrarían- hasta quien considera que no hay mal que por bien no venga y que esa imputación –que es recurrible ante el juez y ante la Audiencia Provincial de Palma- pone de manifiesto la igualdad de todos los españoles ante la ley, proclamada por la Constitución y recordada por S.M. el Rey en su último mensaje navideño. Ahora bien, lo excepcional del acontecimiento no nos debe hacer olvidar que Doña Cristina no es, ni seguramente será en el futuro, el único miembro de una Casa Real que es judicialmente imputado. Entre las casas reinantes, el Príncipe Bernardo de los Países Bajos, esposo de la Reina Juliana, fue procesado en 1976 por el cobro de comisiones de una fábrica de aviones, la Lockheed. Eso supuso serias consecuencias para él. Pero la historia de las naciones hay que contemplarla con perspectiva. Ahora la popularidad de su hija la Reina Beatriz está en una de sus cotas más altas, a menos de un mes de su abdicación. También el Príncipe Laurent de Bélgica fue acusado en 2006 -sin llegarse nunca a probar- de desviar fondos de la Marina para pagar electrodomésticos y objetos decorativos para su casa. Hoy en día su padre el rey Alberto II de los Belgas sigue siendo firme garante de la unidad de aquel país. Entre las familias reales no reinantes, el rey Leka de los Albaneses fue expulsado de España en 1979 por tenencia ilícita de armas, pero logró retornar a su país de donde estaba exiliado, donde murió en 2011 y donde está enterrado. El Príncipe Víctor Manuel de Saboya, Jefe de la Casa de Saboya, condición ahora discutida por su primo el Príncipe Amadeo de Saboya, duque de Aosta, sufrió varios problemas judiciales de los que salió afectado en su fama entendiéndose actualmente que, si ya tenía difícil recuperar el trono que ocupó su padre el rey Humberto II de Italia, ahora tal eventualidad podría considerarse como imposible.

Hecha la salvedad de que debemos respetar el auto que el Magistrado-Juez mandó el pasado 3 de abril, y las sucesivas decisiones judiciales, y que conviene esperar acontecimientos, sin condenar antes de que lo haga quien puede hacerlo, es importante tener en cuenta que la Corona como institución está por encima de las personas que la encarnan, que pueden equivocarse. Lo mismo que España, como nación, está o debería estar más allá de los errores de los políticos. Quien aduce que la Monarquía facilita la corrupción no desea contemplar los innumerables episodios de esa naturaleza en asentadas repúblicas, algunas de ellas muy cercanas. Fisichella escribió que un rey puede ser estúpido, malvado o corrupto, lo mismo que un príncipe heredero, e incluso pueden ser las tres cosas a la vez. Pero también un burgués y un proletario pueden ser estúpidos, malvados y corruptos, y la historia está repleta de ellos.

El que la buena fama cueste años conseguirla y minutos perderla no hace menos injusto el fondo de ese adagio. Los ciudadanos, ya no súbditos, somos demasiado proclives a aprovechar los comportamientos, a veces censurables, de príncipes y reyes, para cargar contra la Corona en su conjunto, sin sopesar ni valorar la enorme cantidad de beneficios que ésta ha procurado a España en los últimos treinta y siete años.