Preocupación en el PSOE por el coste de la amnistía

El PSOE es consciente de que está perdiendo el debate de la opinión pública sobre la amnistía. Su estrategia de silencio y discreción, aplicada a las negociaciones para preservar el éxito de las mismas, ha generado un vacío comunicativo que están llenando otros actores políticos periféricos. Actores periféricos que han acabado por imponer su marco al Gobierno –ante la incomparecencia socialista–, que se ve obligado a reaccionar continuamente a los posicionamientos externos. Ocurre desde la derecha, que está capitalizando el malestar social en la calle, con movilizaciones como la del pasado domingo en Barcelona; pero también por parte del espectro progresista –con el reclamado protagonismo de Yolanda Díaz, que hoy presentará la propuesta de amnistía de Sumar– o desde el ámbito independentista, que ya da por hecho el olvido penal y lo ubica como «punto de partida» y no de llegada.

En este contexto, los socialistas comienzan a percibir las consecuencias de no ocupar un espacio que les corresponde. El del liderazgo de las negociaciones con el soberanismo. Una estrategia un tanto errática y con ciertos visos de «déjà vu». En la campaña del 23J en Moncloa ya reconocieron abiertamente que había sido un error no rebatir a tiempo ciertos discursos que se habían instalado en la opinión pública durante la legislatura por parte de la oposición para desgastar al Gobierno, lo que se llamó «la burbuja del antisanchismo». Ahora, se deja de nuevo volar la burbuja de la amnistía, que no se pinchará hasta que llegue o se frustre el acuerdo.

En los estudios internos que maneja el partido, en la línea con la encuesta publicada el lunes por 40db para «El País» y la «Cadena Ser» se aprecia ya el coste que está teniendo la medida. También que es el PP quien está rentabilizando el debate y desgaste por la amnistía, mientras que entre las filas socialistas crece el rechazo a un gobierno de Pedro Sánchez apoyado por los independentistas y aumenta el deseo de una repetición electoral. Una opción con la que no trabajan en Moncloa, porque supondría dar una nueva oportunidad a la coalición de PP y Vox.

De este modo, desde el PSOE intentan trasladar un mensaje tranquilizador para tratar de aplacar un malestar que ya permea también en el electorado socialista. «No se aprobará nada que no sea constitucional», aseguró ayer la portavoz del partido, Pilar Alegría, después de la reunión de la Ejecutiva del PSOE, sin dar más pistas de lo que se está negociando. En la dirección socialista aseguran, con cierto tono misterioso, que «se avanza de manera razonable» y la única pista que se anticipa es que «los acuerdos que se adopten irán en la línea de la política aplicada por el Gobierno» de Sánchez en los últimos cinco años. Se trata de «medidas complejas y difíciles», señalan, en referencia a lo que supusieron en su día los indultos, pero «enmarcadas en la Constitución» y que «han sido beneficiosas». «Esa es la dirección», señalan.

No obstante, los socialistas no viran su hoja de ruta y siguen abonados a la discreción. Se emplazan a explicar «con la máxima transparencia» el pacto, cuando se cierren los términos del mismo. «Cuando haya algo acordado, se explicará de pe a pa», aseguró la portavoz del PSOE, en la línea del pronunciamiento que ya hizo Sánchez el viernes desde Granada. «Nada estará acordado, hasta que todo esté acordado». Una declaración que podría parecer una obviedad, pero en la que subyace que los socialistas no están dispuestos a dar pasos en falso –conscientes de la volatilidad independentista– y no asumirán como propio un acuerdo sobre la amnistía –con el coste que ya está generando– hasta asegurarse de que sortean la repetición electoral y tienen asegurados cuatro años más de Gobierno progresista.

En este sentido, en el partido, tal como publicó este diario, consideran que la manifestación del domingo en Barcelona les beneficia. Primero, porque visualiza que solo existe «una alternativa», la de Sánchez, frente a PP y Vox que únicamente buscan «agitar el ruido, el odio y la crispación». En segundo término, porque creen que la movilización «no cumplió las expectativas», por ser «bastante menos numerosa» que en otras ocasiones. Y en última instancia, porque logra compactar la mayoría de la investidura en torno al PSOE. Desde Ferraz presumieron ayer de que la amnistía no es una iniciativa que solo concite los siete votos de Junts, sino que ampliaron este horizonte hasta los «57 diputados» –los de Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Junts–, lo que sumados a los 121 del PSOE alcanzarían la cifra virtuosa de los 178 escaños para superar la investidura.