Primer paso del Congreso para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana

La división entre la oposición hace difícil consensuar un texto único para llevarlo a Pleno.

No hubo sorpresas. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la toma en consideración de las proposiciones de ley de PSOE y PNV para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. El marcador del hemiciclo volvió a visibilizar –con el resultado de la votación– la soledad del Ejecutivo, pues el PP fue el único grupo que se opuso al desmantelamiento de la normativa. Una vez tomadas en consideración ambas iniciativas, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas en la Comisión de Interior con el objetivo de alcanzar un único texto articulado, que volverá al Pleno y tendrá que pasar también el tamiz del Senado. Se inicia, por tanto, un largo recorrido legislativo en el que primará la negociación entre los partidos y que se antoja bastante complicado, dado que los diferentes grupos parlamentarios tienen criterios dispares sobre el futuro de la llamada «ley mordaza»: desde la derogación total que demandan PSOE y Podemos, hasta la modificación de los aspectos más lesivos que defienden PNV y Ciudadanos.

Los socialistas contaron con el apoyo de la mayoría de la Cámara para asestar un nuevo golpe al Gobierno –después de la histórica derrota del decreto sobre la estiba–, aunque fue la propuesta del PNV la que concitó un mayor consenso, al granjearse el «sí» de Ciudadanos, que se abstuvo en la proposición del PSOE. La iniciativa socialista fue tomada en consideración con 177 votos a favor, 131 en contra y 33 abstenciones, y la de los nacionalistas vascos con 211 a favor y 130 en contra. El doble rasero de la formación de Albert Rivera obedece a que Cs no se siente cómodo con la «derogación» que promueve el PSOE y ven con mejores ojos la reforma parcial que propone el PNV. Así se lo hicieron ver a los socialistas, a quienes recordaron que en el frustrado pacto de investidura de Pedro Sánchez –que rubricaron ambos partidos– se comprometían únicamente a «revisar» y no a suprimir el texto legislativo. Tampoco gusta a la formación naranja que los socialistas quieran cubrir el vacío legal que genera la derogación rescatando el «fantasma del pasado» que supone la «ley Corcuera», ya que entienden que «hay que mirar al futuro». Tampoco Podemos comparte la forma, aunque sí el fondo, de la iniciativa. La formación de Pablo Iglesias considera que la proposición del PSOE es un «mero parche», pero prioriza frustrar «los sueños del PP de que no nos pongamos de acuerdo» para apoyar la iniciativa. No obstante, se remiten al proceso de enmiendas y advierten de que «no darán un cheque en blanco».

Por su parte, la propuesta del PNV sólo prevé tocar los 44 artículos más controvertidos, sin derogar la norma aprobada en 2015 por el ministro Jorge Fernández Díaz. Esta tesis contaría con el aval del actual titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, que lo considera «un buen punto de partida para negociar». Este es el escenario al que se emplazan ahora los populares que, aunque reconocen que «es complicado» buscarán el consenso hasta el final. Entre los artículos que se pretenden eliminar está la posibilidad de sancionar a los participantes de manifestaciones, aunque estén prohibidas o se realicen frente a las Cámaras; la prohibición de tomar imágenes o distribuir datos personales de las Fuerzas de Seguridad y se despenalizará la «okupación» cuando no sea delito penal, entre otras.