Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha denunciado que siete de los consejeros de Justicia de las comunidades del Partido Popular se levantaran de la Comisión Sectorial de Justicia celebrada en este viernes Barcelona. La asociación progresista reprocha este "plantón" al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños,y les pide que "cooperen para que la reforma judicial sea posible y mejore el servicio público".

Los consejeros de las comunidades de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Valencia, La Rioja y Cantabria se marcharon de la reunión convocada este pasado viernes en el recinto modernista de Sant Pau por su rechazo a la ley de Eficiencia de la Justicia. En declaraciones a los medios, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, expuso que se habían marchado porque en el orden del día no se iba a hablar de financiación de la conocida como 'Ley Bolaños'.

El consejero denunció que se desplazaron a la ciudad condal "a trabajar", no a "hacerse una foto", y que su descontento radica en que no vieron voluntad por parte del Ministerio de Bolaños de cumplir lo expuesto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en lo relativo a la financiación de la norma. A renglón seguido, instó a Bolaños a convocar otra sectorial siempre y cuando incluyera este aspecto en el orden del día; gesto que el ministro ha calificado de "gamberrismo institucional".

JJpD apela a la cooperación

La asociación de jueces progresista de la carrera ha reaccionado a los hechos pidiendo al Partido Popular que asuma la responsabilidad que le compete en aras a impulsar, entre todos los actores judiciales, la necesaria eficiencia en la Administración de Justicia. "La asociación ha pedido a las comunidades autónomas con competencia en Justicia que no abandonen a la Administración y que ante los cambios legislativos cooperen para que la reforma judicial sea posible", reza el portavoz de la asociación, Edmundo Rodríguez.

Al hilo, recuerda que la coordinación entre las comunidades, el Ministerio, el CGPJ y la Fiscalía es "esencial para impulsar el cambio organizativo" que supone la puesta en marcha de los tribunales de instancia. Se trata de una de los puntos estrella de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de Servicio Público de la Justicia. El mismo implica una profunda transformación de la planta judicial porque contempla la creación de un tribunal de instancia en cada partido judicial.

"No sobra ninguna administración"

"Reformas legislativas ha habido siempre y quedan algunas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de gran relevancia (...). Ante retos tan importantes como la puesta en marcha de los tribunales de instancia no sobra ninguna administración", reza Rodríguez. Por ello ha pedido que, "sea cuales sean las diferencias", los responsables políticos "se sienten a dialogar y coordinen sus políticas".

"La sociedad necesita una Administración de Justicia más ágil y dinámica, que resuelva con prontitud y calidad sus demandas de tutela judicial", ha defendido. A su juicio, las comunidades del PP que dieron plantón a Bolaños deben asumir su responsabilidad porque se necesita impulsar la reforma de la planta judicial cuanto antes.