En el escenario político y judicial es difícil recordar un arranque de semana. La dimisión anunciada de Carlos Mazón, el insólito juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar al banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, el último informe de la Unidad Central Operativa (OCU), que acorrala al ministro y expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres en la trama de las mascarillas con un lenguaje sórdido y sonrojante, más la guinda de las declaraciones en el Senado de una novia de Ábalos, Claudia Montes, quien denunció amaños de contratos públicos y dice haber sido «castigada» por advertir al presidente asturiano, Adrián Barbón, revelan lo que un alto dirigente del PP define como «El pudridero nacional».

En efecto, bajo el «sanchismo» las instituciones del Estado sufren una situación de pavorosa descomposición y la corrupción acecha cada día con mayor fuerza. Pero mientras en el centroderecha algunos respiran aliviados por la cabeza de Mazón, con la duda de si servirá para algo, la izquierda se atrinchera y nadie dimite. El último espectáculo del ministro Torres promete sorpresas y veremos si también Pedro Sánchez se escuda en el «No me consta».

Nunca había sucedido nada igual. Algo inédito en la historia de nuestra democracia que demuestra la erosión institucional bajo la égida del «sanchismo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encargado de vigilar los delitos, titular del Ministerio Público, uno de los pilares esenciales del Poder Judicial, ha pasado de perseguirlos a ser él mismo perseguido. Un escándalo en toda regla, una situación que hace de García Ortiz un acusador acusado. Nunca los padres de la Constitución imaginaron semejante situación, la investigación de un fiscal general jamás se contempló y, por ende, su posible cese del cargo ante estos hechos. Por ello, se mantendrá en su puesto mientras dure el proceso dado que el legislador jamás vaticinó tales acontecimientos. La imagen del máximo representante del Ministerio Público con su toga de fiscal, nada baladí, sentado en la Sala en el estrado y no en el banquillo, junto a la representante de la Abogacía del Estado, responsable de su defensa y con un discurso desafiante hacia el juez instructor, Ángel Luis Hurtado, es algo sin precedentes en nuestro periodo democrático. El aplauso de sus palmeros tras la primera sesión del juicio, humillante.

Escasas horas habían pasado entre la imagen de García Ortiz en el Tribunal Supremo y la rueda de prensa de Carlos Mazón anunciando su dimisión, desencajado, hundido, con errores desde luego, pero bajo una cacería política inhumana que no cesará, cuando un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) coloca al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el disparadero de otro escándalo enorme. Los rumores que en los últimos días circulaban por Madrid se han cumplido: las investigaciones de la Guardia Civil sitúan al ministro Torres, en su etapa como presidente de Canarias, en otro escándalo de la «trama Koldo» por sus gestiones en la compra de las mascarillas durante la pandemia y una refinería que aventura coletazos de mayor calado. Según el informe, la mano derecha de José Luis Ábalos negoció con el entonces presidente de Canarias como intermediario de unos de los investigados en la turbia trama de los hidrocarburos. Las conversaciones de Koldo con el dirigente canario son de enorme gravedad y afloran pagos al comisionista Víctor de Aldama en un entramado de corrupción que deja al ministro en situación muy comprometida.

Ábalos, Koldo y Aldama quedan ya muy cerca de sentarse en el banquillo por la compra de mascarillas en un turbio asunto que salpica al actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y, según el auto del juez, también a la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, y la ex ministra de Industria, Reyes Maroto, dado que se realizaron reuniones con miembros de sus Gabinetes en ambos ministerios para favorecer a algunas empresas dentro de la trama de hidrocarburos. El «pudridero» se agranda, aunque de momento el Gobierno y sus terminales mediáticas miran para otro lado. Sabido es que el ventilador de la basura se activa únicamente cuando la corrupción afecta a la derecha. Tengo para mí que la cabeza cortada de Carlos Mazón no satisface la voracidad de la izquierda, contando además con la colaboración de líder de Vox, Santiago Abascal. Sus declaraciones demuestran que Abascal y su «núcleo duro» no ven al PP como un aliado, sino como un partido a sustituir. Alberto Núñez Feijóo sabe que el «culebrón» de la Comunidad Valenciana no ha hecho más que empezar y las advertencias de Abascal tampoco descartan un horizonte electoral en el mes de marzo.

La figura del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, queda lesionada, muy deteriorada, más aún de lo que ya estaba, y las declaraciones de los fiscales Julián Salto y Almudena Lastra no aventuran nada bueno ante las acusaciones de filtrar los correos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña es otra de las obsesiones de Pedro Sánchez y sus acólitos, nadie como ella ha sufrido en propia carne sus ataques.

Caído Carlos Mazón, tampoco se librarán de ellos el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco, y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Un Pedro Sánchez acorralado por la corrupción familiar y política es altamente peligroso. Esté atento Feijóo y ojalá Abascal estuviera a la altura. De lo contrario, la erosión nacional será inevitable y cada día más grande.