Puigdemont podría ser detenido mañana en Estrasburgo si el juez Llarena reactiva la euroorden

Mañana se constituirá el Parlamento Europeo en Estrasburgo, convocatoria para la que los sectores independentistas catalanes han anunciado ya una manifestación en apoyo a Puigdemont y Comín, fugados de la Justicia española.

Mañana, 2 de julio, se constituirá el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), convocatoria para la que los sectores independentistas catalanes han anunciado ya una manifestación en este lugar en apoyo al ex president Carles Puigdemont y al ex consejero Toni Comín, fugados de la Justicia española.

Según han explicado ya estos mismos sectores, cabe la posibilidad de que el propio Puigdemont acuda a esta concentración. Hasta ahora, el ex president se había movido por Europa con libertad tras que el instructor del procés rechazara en julio de 2018 la entrega de Puigdemont únicamente por un delito de malversación y retirara la euroorden contra él. Sin embargo, se da la circunstancia de que ahora es la primera vez que éste viajaría a Francia y aquí la oportunidad del juez Pablo Llarena de activar de nuevo la euroorden contra él en cualquier momento, según asegura a este diario el Director Académico del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá, Fernando Lozano Contreras. Según explica el experto “habría que activar la euroorden”, pero avisa de que “solo en esta ocasión” y siempre “dirigida a las autoridades francesas”. Sin embargo, advierte, de que otra cosa será que “Francia atienda nuestro requerimiento”. Por tanto, sería una decisión que tendría que tomarse en el país vecino.

En cuanto a la posibilidad de entrega, el experto advierte de que “dado que el delito de rebelión no forma parte del listado de delitos en los que la entrega debería efectuarse de manera inmediata y automática”, la “no entrega” es una “posibilidad”. Compara, sin embargo, que es una ventaja respecto a Bélgica, que no recoge el delito de rebelión como tal. Francia sí que contempla en su legislación el citado delito, y habrá que ver qué ocurre, ya que existe el antecedente de Alemania, que no atendió el requerimiento de entrega español, al entender que no hubo violencia o la violencia suficiente según los jueces alemanes.

Según explica el experto, en Francia según el artículo 412-1 del Código penal, se “castiga con 30 años de cárcel y una multa de 450.000 euros el hecho de cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República o de atentar contra la integridad del territorio nacional”. La pena se eleva a la prisión permanente revisable, y a una multa de 750.000 euros, en el caso de que el delito haya sido cometido por una persona que ostente un cargo público.