Pujalte considera que las declaraciones de Óscar López son «un insulto» al PP

El portavoz de Economía del Grupo Popular del Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, ha defendido hoy la demanda que su partido ha anunciado contra el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, porque considera que la afirmación de este de que los populares tienen una caja B es "un insulto"al PP.

En una entrevista en la cadena Ser, Pujalte ha asegurado que le conforta que su partido "no acepte impasible unas injurias a todos los militantes, a todos los cargos públicos, por parte de un señor que es muy importante en la estructura del PSOE".

"Es como si yo dijera que Óscar López es responsable de los ERE de Andalucía o del acoso sexual en Ponferrada porque él propició una moción de censura con un acosador", ha dicho el diputado del PP.

Martínez-Pujalte ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya dijo en sede parlamentaria que Luis Bárcenas le había traicionado, por lo que cree que la actuación del extesorero del PP no debe empañar la del resto de integrantes del partido, y ha pedido a la Justicia que actúe rápido e investigue el origen de la fortuna de Bárcenas en Suiza.

Ha asegurado que no sabe si existen informes policiales que acrediten la supuesta contabilidad B del PP y ha recordado que el único partido a nivel nacional que ha sido condenado por financiación ilegal es el PSOE, "el de Óscar López".

Ha descartado que Rajoy vaya a apartar a algunos cargos del partido por su posible relación con el caso Bárcenas, ya que para Pujalte el único "salpicado"por este asunto ha sido el propio extesorero, y que el PP ya destituyó a los afectados por el caso Gürtel, que solo fueron "3 o 4 alcaldes"del norte de Madrid.

Pujalte ha acusado a los socialistas de usar el caso Bárcenas como estrategia política, al igual, ha dicho, que se han posicionado al lado de Reino Unido en la crisis de Gibraltar.

Sobre este asunto, Pujalte ha considerado que tanto el Gobierno español como el británico tienen que hacer cumplir la ley y obligar al primer ministro del Peñón, Fabian Picardo, a que las cumpla, porque España no solo se juega su prestigio, ha dicho, sino también "el bienestar de cientos de familias que viven de la explotación pesquera".