Pujol Jr. pide que se aplace la declaración de Eugenio Pino

Su defensa solicita la suspensión de la citación del ex número dos de la Policía, prevista para el jueves, por el pendrive ilícito de los Pujol.

La declaración como investigado el próximo jueves del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino está en el aire. El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid citó a declarar al ex número dos de la Policía por posibles delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio por su supuesta responsabilidad en la incorporación al «caso Pujol» de un pendrive de origen ilícito que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata terminó expulsando del procedimiento para evitar su nulidad. Fue el propio De la Mata quien pidió a los juzgados ordinarios de la capital que investigasen a Pino y a su entonces subordinado, el inspector jefe Bonifacio Díez.

Pero ambas declaraciones (Díez está citado el próximo día 30) podrían tener que aplazarse. Así lo ha solicitado la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, personado en la causa como acusación particular en calidad de perjudicado, al igual que el comisario Marcelino Martín Blas, ex responsable de Asuntos Internos de la Policía, quien según declaró Pino a De la Mata fue quien le entregó el pendrive, algo que Martín Blas ha negado.

En un escrito del pasado día 6 al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Cristóbal Martell, abogado de la familia Pujol, solicitó al instructor «la suspensión de los referidos señalamientos atendida la imposibilidad» de acudir a los mismos «por tener otros señalamientos coincidentes y preferentes por ser anteriores en el tiempo». Según fuentes jurídicas, los argumentos del letrado obligarán previsiblemente a retrasar esas comparecencias.

Y es que Martell es el abogado del ex diputado del PSC Luis García Sáez, «Luigi», a quien la Audiencia Nacional juzga desde el pasado 13 de marzo por el «caso Pretoria» de presunta corrupción urbanística en varios municipios barceloneses. Y este jueves están previstas seis declaraciones de testigos, lo que impediría a Martell acudir a la comparecencia de Pino en representación de Pujol Ferrusola.

Además, el día 30, cuando está señalada la declaración por videoconferencia de Bonifacio Díez (quien según Pino le comunicó la existencia del «pendrive») desde la embajada española en México (donde está destinado en la actualidad), Martell debe asistir como abogado a otro de sus clientes, el constructor Francisco Closa, que declara como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona (una comparecencia que se suspendió el pasado 11 de mayo por incomparecencia del letrado de la acusación particular, a quien no se había notificado la comparecencia).

En su escrito, el abogado afirma que ha solicitado la suspensión «tan pronto ha tenido conocimiento esta representación de los señalamientos» y, aunque lamenta «la distorsión que podamos causar», subraya que la asistencia a sus clientes en ambos compromisos «resulta imprescindible» para garantizar su derecho de defensa, por lo que «no existe otra posibilidad» que instar la suspensión.

De la Mata –que mantiene imputada a toda la familia de Jordi Pujol en la causa en la que investiga el origen de la fortuna familiar– acusó a Pino de «hacer trampas» al incluir en la investigación «documentos de origen desconocido». «La verdad real no puede obtenerse a cualquier precio», aseguró De la Mata, que hizo hincapié en que esa «irregular búsqueda de atajos» convirtió tanto los documentos como el informe policial subsiguiente «en elementos de prueba ilícitos».