El juez cita a Pujol y su mujer por blanqueo

El ex presidente comparecerá ante el juez el 10 y 11 de febrero por la cuenta de la que era titular en Andorra.

«Existen indicios de que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos». No fue, por tanto, Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex presidente de la Generalitat, quien idease todo el sistema tendente a, presuntamente, ocultar, el dinero obtenido de comisiones supuestamente ilícitas e introducirlo posteriormente en el circuito económico; sino que participó todo el clan familiar, sin que puedan quedar al margen Jordi Pujol Soley y su esposa, Marta Ferrusola. Por ello, y para que expliquen el origen del dinero que había en una cuenta en un banco andorrano, en la que se realizó una retirada última de 1.145.000 euros, en la que figuraba como titular el ex responsable de la Generalitat, es por lo que el juez les ha citado a declarar como imputados por un delito de blanqueo de capitales continuado (investigado, en la nueva denominación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Así, Jordi Pujol tendrá que acudir a la Audiencia Nacional los días 10 y 11 de febrero, mientras que su mujer comparecerá el primero de esos días, al igual que Jordi Pujol Ferrusola, quien había solicitado declarar voluntariamente.

Y es que el juez ha puesto de manifiesto cómo las investigaciones han puesto en evidencia las negaciones del matrimonio Pujol-Ferrusola sobre la titularidad de cuentas corrientes en Andorra, y, a la vez, cómo las alegaciones de que la fortuna que tenía en el Principado provenían del «legado» del padre de Pujol Soley han quedado completamente desvirtuadas. «El comunicado público referido es, en sí mismo, un mero relato, sin contenido determinante alguno. No consta ni ha sido acreditada la cantidad del legado, el lugar donde se encontraban esos fondos, su destino, etc, acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones», afirma al respecto el magistrado José de la Mata, quien ha aceptado la competencia para instruir los hechos que investigaba un juzgado de Barcelona y que afectaban al matrimonio Pujol-Ferusola y varios de sus hijos.

En cambio, De la Mata considera que hay más que indicios de que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola han dispuesto de «importantes cantidades de dinero a través de cuentas bancarias abiertas en Andorra, las que figuran como titulares cada uno de los hermanos y Marta Ferrusola Lladós, siendo Jordi Pujol Soley beneficiario real último de otra de las cuentas». En concreto, se refiere a una abierta en mayo de 2010 y clausurada apenas cinco meses después, en la que se realizaron cinco disposiciones en efectivo. Esa cuenta se abrió con un ingreso de 1,85 millones de euros (370 millones de pesetas), desconociéndose «el origen de tales fondos», sin que pueda justificarse «con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años, presidente de la Generalitat de Cataluña». Se da la circunstancia de que el mismo día de la apertura de esa cuenta Jordi Pujol Ferrusola firmó un documento en el que espeficaba que el dueño real de esas cantidades era su padre. En relación con lo anterior, el instructor señala que, de acuerdo con la investigación, «no consta negocio jurídico alguno» que justifique los incrementos patrimoniales; sino que, al contrario, existen «operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias».

Por el contrario, añade el juez, «existen numerosos contratos aparentemente simulados, sin causa real... En definitiva, no existen negocios lícitos que justifiquen este incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias». Muchas de las empresas que suscribieron esos contratos y que realizaron los pagos directamente o mediante testaferros, «tienen en común que han sido y son adjudicatarios de contratos de servicios y obras públicas».

Uno de los aspectos esenciales que ha puesto de manifiesto la investigación, según destaca el magistrado, es la existencia de una actuación en común de toda la familia, independientemente de que fuese uno de ellos, Jordi Pujol Ferrusola, quien, supuestamente, tuviese un protagonismo esencial, toda vez que existía un acuerdo en la familia para atribuirle el «rol de gestor y distribuidor de los recursos entre los hermanos y la madre».

En este sentido, De la Mata afirma que los vínculos de la familia Pujol-Ferrusola , sus pautas comunes de actuación, la coordinación, la distribución o reparto de cantidades millonarias entre todos ellos, y el particular sistema de rendición de cuentas «revelan la existencia de un patrón de comportamiento reiterado durante años por los miembros de una familia, que apuntan elementos básicos de una organización».

Junto a todo lo anterior, el magistrado llama la atención al hecho de que la familia Pujol cambiase de «metodología» cuando se reforzaron los sistemas de control de prevención de blanqueo de capitales sobre el dinero en efectivo. En ese momento, comenzaron a utilizar «sociedades instrumentales para el cobro de las comisiones ilícitas, porque, además, éstas eran más sencillas de generar para los pagadores, teniendo además beneficios fiscales, a ser considerados como un gasto y soportar el IVA.

Por su parte, fuentes de la defensa señalaron a LA RAZÓN que no hay base jurídica para imputar a Pujol por blanqueo: «Ni existe, ni existirá fundamento para la incriminación del president Pujol por blanqueo de capitales, pues ni existe ni existirá conexión del patrimonio familiar con ejercicio desviado o torcido de la gestión pública». Por ello, añaden esas fuentes al respecto, «se soporta una investigación desde el sosiego de que sólo puede ser ése el resultado final».