El Gobierno acusa a Puigdemont de «no querer dialogar», tras su negativa a ir a la Cámara Alta

El presidente del Gobierno entiende que el proceso no puede pararse, aunque se aplique gradualmente, y deja claro que aprobará el 155 aunque no tenga el apoyo del PSOE. Insiste en que además de convocar los comicios, Puigdemont debe rectificar, «acatar» la Constitución y volver a la legalidad.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, considera que la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no acudir al Senado para exponer su posición contraria a la aplicación del artículo 155 de la Constitución evidencia que "no quiere hablar". "Está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado Méndez de Vigo, a su entrada en la Comisión de Educación del Congreso, después de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, haya notificado a los grupos que el presidente de la Generalitat no comparecerá en el Senado el jueves por la tarde para abordar la aplicación del artículo.

El ministro ha subrayado que "cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar", "no quiere dialogar"y "no quiere atender a los requerimientos". De hecho, ha subrayado que ésa es la actitud que llevan viendo "desde el principio"porque ya en enero se le invitó a acudir a la Conferencia de Presidentes pero dejó "la silla de Cataluña vacía".

De la misma manera, ha recordado que antes del verano también se le invitó a acudir al Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, para exponer su proyecto y buscar apoyos si lo que quería era "modificar el artículo 2 de la Constitución"y "hacer un pretendido referéndum de autodeterminación". Según ha añadido, entonces tampoco acudió a la Cámara Baja.

Por eso, el portavoz del Ejecutivo ha subrayado que no le "sorprende"que ahora también rechace acudir al Senado, donde se está tramitando el acuerdo del Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, y ha reiterado que ese comportamiento deja "claro"que el presidente de la Generalitat "no quiere dialogar".

Esta mañana, el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la "única posible"respuesta que le ha dejado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante su actitud en Cataluña es la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El jefe del Ejecutivo lamentaba que el único diálogo que ha querido hasta ahora Puigdemont haya tenido como objetivo imponer sus tesis independentistas.

Y se ha referido a la posibilidad de que el presidente de la Generalitat acudiera al Senado antes de que se voten las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 del texto constitucional: "Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas ante el conjunto de los ciudadanos".

Y es que Rajoy entiende que una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo para activar el artículo 155 de la Constitución, aunque fuera «la última salida», ya no hay alternativa a que sea ratificado por el Senado. Como ayer anticipó este periódico, para el Gobierno «el 155 es imparable», tiene que ser aprobado en la Cámara Alta y culminar su tramitación porque «la deslealtad de la Generalitat y las razones que obligaron a abrir este procedimiento no se subsanan sólo con la formalidad de convocar unas elecciones». Desde el independentismo han empezado a alimentar en las últimas horas la idea de que convocarán unos comicios como movimiento táctico, otro peón del tablero de ajedrez de Carles Puigdemont, para frenar las consecuencias de la intervención de la Generalitat. Y este movimiento incluso ha conseguido que aparezcan las primeras fracturas públicas en la unidad de acción entre el Gobierno y el PSOE. No así con Ciudadanos (Cs). De hecho, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, llegó ayer a asegurar que si Puigdemont convoca elecciones autonómicas en Cataluña en el marco de la legalidad vigente, y siempre y cuando no se produzca una declaración formal de independencia, debe frenarse la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno intervenga la autonomía catalana.

Robles no es interlocutora directa del Gobierno, y sí la ex ministra y secretaria de Igualdad de la Ejecutiva socialista, Carmen Calvo. Ayer mismo hubo contactos con ella, y desde Moncloa sostienen que compartió el criterio del Gobierno de que no basta sólo con convocar unas elecciones autonómicas, sino que hace falta que la Generalitat rectifique y vuelva por completo a la legalidad. Al marco constitucional, estatutario y a asumir las suspensiones del Tribunal Constitucional (TC) de todas las leyes aprobadas dentro del proyecto secesionista. En la misma línea se manifestó el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Juan Carlos Girauta, al ratificar que sólo el cumplimiento de la Constitución por parte del presidente de la Generalitat puede frenar la aplicación del 155 y, por tanto, no basta con que únicamente convoque elecciones autonómicas.

La misma tesis del Ejecutivo. Rajoy cree que no completar el proceso del artículo 155 es una cesión del Estado a una «nueva trampa» de Puigdemont en «su huida hacia adelante», salvo que explicite una rectificación, asuma la Constitución, respete las suspensiones del TC (Ley de Transitoriedad y Ley del Referéndum, entre otras) y confirme que no va a seguir utilizando las instituciones catalanas al servicio del proyecto secesionista sobre la base de un referéndum «ilegal» y que «fue un fraude». En Cataluña debe volver la «neutralidad institucional», debe haber «lealtad» de los Mossos, medios públicos «neutrales» y un «clima de libertad y de democracia». «El 155 no es sólo consecuencia de que Puigdemont haya jugado al gato y al ratón con la declaración de independencia. Detrás hay muchos más argumentos, y se podía haber puesto en marcha mucho antes porque había razones para ello. Puigdemont dirige un Gobierno que se ha saltado la Constitución, el Estatut y las leyes que ellos mismos aprobaron. Ha quebrado la convivencia entre los catalanes y es una amenaza para la economía de Cataluña», argumentan en Moncloa para justificar que sólo unas elecciones no pueden frenar el proceso abierto contra el Gobierno catalán.

Otra cosa, según precisan en Moncloa, es que una vez que el artículo 155 haya sido aprobado por el Senado, su aplicación se haga luego de manera gradual y atendiendo a las circunstancias. Así lo recoge el texto del acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros. Aunque el Ejecutivo cree que el cese de Puigdemont es irrenunciable «por haber llegado hasta donde ha llegado al margen de cualquier respeto a la legalidad y en un proceso de absoluta deslealtad institucional».

Tan decidido está Rajoy a seguir adelante en el Senado, mueva la ficha que mueva Puigdemont, que el Gobierno está trabajando intensamente en el exterior para explicar a sus socios comunitarios que el artículo 155 de la Constitución es un instrumento para «restaurar la convivencia en Cataluña de manera perfectamente pacífica». El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha mantenido estos días encuentros con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y con el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Ayer, en una entrevista en RNE, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió a Puigdemont de que ni «el diálogo» ni la convocatoria de una elecciones autonómicas paralizarán una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Subrayó que la crisis en Cataluña no se soluciona «exclusivamente» celebrando elecciones. Un nuevo escenario político «podrá ayudar a resolver los problemas», pero «el incumplimiento de las obligaciones» por parte de Puigdemont «no se arregla simplemente convocando elecciones». Es necesario que la Generalitat aclare «expresamente» si se ha declarado la independencia y precise «cuál es su voluntad de cumplir las leyes y acatar la Constitución».

El PSOE no lo apoyaría si se convocan elecciones

Las discrepancias en torno al artículo 155 de la Constitución comienzan a cercar al PSOE. A las que surgen dentro de su propio partido, con el PSC, se suman ahora nuevas divergencias con el Gobierno respecto al efecto paralizador que tendría la convocatoria de unas eventuales elecciones autonómicas en Cataluña. Los socialistas han defendido desde un principio que la aplicación del 155 debe ser «breve y limitada» y orientada a «restablecer la legalidad y la normalidad democrática», por lo que en Ferraz consideran que la cita con las urnas sería suficiente para devolver esa normalidad. «Entendemos que si se convocan elecciones con arreglo al marco constitucional y la ley vigente por parte del president Puigdemont, no tendría razón de ser la puesta en marcha del mecanismo del artículo 155 de la Constitución», confirmaba ayer la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles.

La nueva exigencia del Ejecutivo, que ya no vería suficientes unos comicios si no se renuncia inequívocamente a la independencia, pilló a contrapié a los socialistas. En privado, según pudo saber LA RAZÓN, defienden que «lo acordado» con el Gobierno era que la cita con las urnas sería suficiente para la aplicación del artículo 155, con la que el PSOE no se acaba de sentir cómodo. Por ello, desde todos los ámbitos del partido se ha exigido al presidente de la Generalitat que las propicie. «Evitar la aplicación del artículo 155 es posible convocando elecciones al Parlament. Y también con la anunciada presencia del president en el Senado», señaló ayer el ex president José Montilla. En público, la portavoz parlamentaria se circunscribía a las palabras de la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que se manifestaba en unos términos similares a los defendidos por el PSOE, para evitar valorar la nueva posición de Ejecutivo.

Aunque este nuevo giro de los acontecimientos no hace peligrar la aplicación del artículo 155, dado que la mayoría absoluta del PP en el Senado asegura el trámite, sí podría comprometer el apoyo final de los socialistas, visibilizando una fractura en la unidad de acción contra el soberanismo que se había mostrado hasta ahora. A pesar de que el PSOE no ha tomado ninguna decisión al respecto, sí se advierte que el partido «está con España no con el Gobierno», informa Ainhoa Martínez.