Rajoy bordea el 155

El presidente evita adoptar el demonizado artículo de la Constitución para dejar una vía abierta al diálogo el 2-O. En Moncloa aseguran que «no hay que ir contra las competencias catalanas, sino contra quien se salta la ley».

La estrategia del Gobierno sigue focalizada en demostrar que es posible hacer frente al desafío secesionista sin ir directamente contra las competencias autonómicas de Cataluña. Bordear el demonizado artículo 155 de la Constitución, por su mala prensa entre la opinión pública catalana, para llegar al mismo sitio, a que el Estado pueda actuar en aquellas materias en las que la Generalitat actúa deslealmente o al margen de la legalidad para seguir adelante con su proceso soberanista. Ha ocurrido con los Presupuestos de la Generalitat, y ahora con los Mossos, la seguridad y el orden público.

Mariano Rajoy está intentando manejar el polvorín catalán de tal manera que haya una vía para el diálogo tras el 2-O. No con los actuales líderes independentistas, porque en el Gobierno creen que quedan desautorizados por su desafío a la legalidad y porque, además, «serán arrastrados por las consecuencias de sus decisiones», pero sí con quien tome el paso y con Cataluña. Superar la propaganda independentista para conseguir que llegue el mensaje de que contra quien se actúa es contra quien se salta la ley, pero no contra las competencias y el autogobierno de Cataluña, es difícil, pero es una de las patas de la estrategia del Ejecutivo de Rajoy. Por eso, la fuerza del cerco al independentismo no viene de decisiones políticas, sino judiciales, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional (TC) o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Y esto es especialmente evidente en la gestión de la coordinación con los Mossos. «La respuesta a Forn y a Trapero será técnica, no política. Responderá el fiscal ante la desobediencia. Nada de 155», aclaraban ayer, de manera tajante, fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno ha tenido tiempo para utilizar el artículo 155, porque en poco menos de una semana podría haberse puesto en marcha, aunque habría tenido dificultades políticas por la negociación con el PSOE y Ciudadanos (Cs). Pero, en cualquier caso, intencionadamente la preparación de la respuesta a todos los posibles escenarios se ha hecho bajo la consigna de intentar evitar ir directamente por ese camino que permite la suspensión de competencias autonómicas de aquella comunidad que actúe deslealmente y no cumpla con sus obligaciones.

Rajoy está preocupado por lo que pueda ocurrir durante esta semana, aunque él ha optado por primar la imagen de normalidad y no ha suspendido su agenda internacional. Con viaje incluido a EE UU, y posible gesto de Donald Trump en apoyo de la integridad territorial. Es una imagen «potente», pero el Ejecutivo da mucha más importancia al cierre de filas en la UE y a la diplomacia con Bruselas para que no haya fisuras en el frente común contra el órdago soberanista.

Ayer, el jefe del Ejecutivo dio por desactivada la consulta e invitó a los independentistas a abandonar su proyecto para «evitar el ridículo y la tensión». «Los organizadores saben hoy que el Estado de Derecho ya ha impedido el referéndum» porque las fuerzas de seguridad han incautado las papeletas y hasta la sindicatura electoral de los soberanistas se ha disuelto para evitar las multas del Tribunal Constitucional (TC). «Lo más sensato y razonable es parar. Digan que no va a haber referéndum. Pongan fin a esta situación. Mantener esto solo provoca el ridículo y una tensión innecesaria en la sociedad», sentenció en un acto del PP en Palma.

Rajoy también tuvo duras palabras para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que la pasada semana denunció incluso que en España hay «presos políticos» por la operación judicial contra la logística del referéndum ilegal que concluyó en detenciones de altos cargos de la Generalitat. «La libertad de expresión ampara incluso muchas tonterías, como la de que en España hay presos políticos. Brillante aportación de un brillante portavoz en el Congreso», concluyó.