Rajoy busca afectar lo «menos posible» a la autonomía con el 155

El Gobierno dará por declarada la independencia si Puigdemont mantiene su ambigüedad. El escenario llevaría a unas elecciones autonómicas para restaurar el orden constitucional.

El Gobierno sigue al detalle la evolución del debate interno dentro del independentismo sobre la respuesta que el lunes dará el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento que ha recibido para que aclare si la pasada semana declaró o no la independencia de Cataluña. Llegados a este punto, en el Ejecutivo no hay opinión fijada sobre lo que pueda ocurrir este lunes. Hay quienes se inclinan por la posibilidad de que Puigdemont se mantenga en su estrategia y responda con la misma ambigüedad con la que resolvió el Pleno en el Parlamento de Cataluña en el que tuvo que rendir cuentas de los resultados del referéndum fraudulento del 1 de octubre. Y en prevención a esa posibilidad, desde el Ejecutivo advierten de que si Puigdemont no es claro y «sigue jugando a la confusión», se interpretará que esto quiere decir que sí ha declarado la independencia y se activará el desarrollo del artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad. «Nuestra posición sí es clara. Tiene que contestar sí o no. Y si no contesta, o lo hace por otra vía, se interpretará que sí ha declarado la independencia», sentencian en el Gobierno.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el jefe de la oposición, Pedro Sánchez, han mantenido en las últimas semanas un fluido contacto sobre la situación en Cataluña. Y las dos partes coinciden en que si finalmente hay que aplicar el artículo 155 de la Carta Magna, previsto para intervenir una comunidad autónoma si incumple con sus obligaciones legales, será porque «Puigdemont no ha dejado otra alternativa». También creen que debe intentar hacerse por la vía que tenga el menor coste en la autonomía catalana y en los catalanes. Gobierno y PSOE quieren que la situación de anormalidad dure el menor tiempo posible y con el menor coste social. El escenario llevaría a unas elecciones autonómicas que sirviesen para restaurar la normalidad política en el funcionamiento del Gobierno catalán y de su Parlamento, y en la discusión sobre los plazos el punto de partida es que debe intentarse que cualquier decisión que afecte a algún apartado de la autonomía catalana se prolongue el menor tiempo posible.

Rajoy y Sánchez lo tienen todo muy hablado. Desde el lado socialista evitan dar por hecho que está ya todo pactado y, prudentemente, señalan que hay que esperar a ver qué dice Puigdemont. Pero el líder socialista no se hubiera implicado en la decisión de apretar el botón del artículo 155, con el requerimiento remitido a la Generalitat, sin tener un mapa de las posibles opciones que maneja el Gobierno, en base a sus estudios jurídicos, para actuar en Cataluña si el independentismo no renuncia a la ruptura unilateral. Rajoy y Pedro Sánchez han conseguido abrir un espacio de confianza sobre este asunto pese a la falta general de confianza que ha presidido hasta ahora su relación personal. La realidad es que han hablado mucho más de lo que se conoce, y tienen pactado también mucho más de lo que han dicho. Hasta este lunes nadie se moverá del discurso de que el diálogo está encima de la mesa y que es Puigdemont el que tiene en su mano abrir ese camino con la negación de la declaración de independencia. «La responsabilidad de que no se adopten medidas excepcionales que afecten a la autonomía de Cataluña es de Puigdemont. Él es quien ha puesto en cuestión el autogobierno catalán al situarse fuera de la Constitución y del Estatut, desoyendo además todas las resoluciones del Tribunal Constitucional», sentencian en medios gubernamentales. Por cierto, en esta estrategia de agenda pactada entre los partidos constitucionalistas, Rajoy también está «cuidando» a Ciudadanos, pero, como precisan en fuentes de su entorno, «lógicamente el presidente está teniendo especial atención con el PSOE porque es el principal partido de la oposición y porque se partía de posturas más difíciles de encajar».

Ayer, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que «si Puigdemont contesta con una ambigüedad al requerimiento para aclarar si el pasado 10 de octubre en el Parlamento catalán se declaró o no la independencia de Cataluña, significará que no quiere diálogo y el Gobierno tendrá que aplicar las medidas que corresponda». «Ya no caben ambigüedades. Puede que Puigdemont demuestre que cuando ofreció diálogo no lo hacía con sinceridad. Nosotros esperamos que vuelva a la normalidad», indicó. El ministro también subrayó que las inversiones en Cataluña han disminuido y que en los últimos días ha habido una bajada entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de la demanda hotelera. Puigdemont tiene que dar una respuesta que no dé lugar a interpretaciones. Está en juego el bienestar de Cataluña y de España», explicó.