Rajoy exige a la UE que controle el blanqueo en Gibraltar

Pide el envío de «verificadores» con un «enfoque global» a España y al Peñón. Insta a Barroso a vigilar la actividad económica de la colonia británica

El «HMS Westminster» llegó ayer a Gibraltar
El «HMS Westminster» llegó ayer a Gibraltar

La Comisión Europea se ha convertido en árbitro y apaciguador del conflicto entre España y Gibraltar, por un lado, y mediador necesario para aplacar la tensión entre España y Reino Unido ya que éste el principal valedor de la última colonia que existe en Europa. Bruselas intenta que ambos países sean capaces de resolver el problema teniendo en cuenta su permanencia en la Unión Europea y su papel como socios comunitarios.

El origen del desencuentro en esta ocasión arrancó el pasado 24 de julio cuando un barco gibraltareño arrojó 70 bloques de hormigón con hierro a las aguas que el Gobierno del Peñón considera suyas para impedir a los pescadores españoles que puedan faenar en esos caladeros; aunque bien parece que detrás de esta maniobra existen otros intereses. Ante esta situación el Gobierno español tildó de «inaceptable» la situación y ayer, durante una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, el presidente del Gobierno subrayó que este hecho supone una «violación de la normativa medioambiental» algo que denunció el Ejecutivo de Rajoy ante la Secretaría General de la Comisión Europea.

Después de lo sucedido y ante los continuos ataques del Penón Rajoy «invitó» al presidente de la Comisión Europea a que envíe una delegación a España y Gibraltar para hacer «verificaciones» con un «enfoque global». En concreto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le instó ayer a «controlar» que la actividad económica en la Roca «no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad». Según informaron fuentes de Moncloa en un comunicado, la conversación telefónica entre los dos mandatarios, a petición del jefe del Ejecutivo comunitario, se produjo a las 13:15 horas y duró doce minutos, tiempo suficiente para tratar de cerrar el envío de esos observadores «lo antes posible». El presidente del Gobierno reafirmó su «disposición al diálogo de España con el Reino Unido, de acuerdo con el derecho internacional y europeo y en los términos acordados con el primer ministro del Reino Unido».

En un escueto comunicado, el presidente del ejecutivo comunitario señalaba que el propósito de esta misión es «examinar in situ las cuestiones relacionadas con el control y el movimiento de personas y bienes en la frontera» después de las últimas tensiones vividas entre los dos países. Barroso también mantuvo el pasado viernes una conversación telefónica con el primer ministro británico, David Cameron, al que prometió que Bruselas examinaría la legalidad de las últimas medidas impuestas por España, informa I. Arroqui.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya denunció que «Gibraltar no puede ser la frontera del contrabando de tabaco», donde el Peñón importó el pasado año 140 millones de cajetillas de tabaco. En ese mismo periodo fueron aprehendidas por la Guardia Civil más de 725.000 cajetillas de contrabando en la frontera y en los siete primeros meses de este año fueron incautadas 625.248 cajetillas de tabaco, cantidad casi similar a la registrada en todo el año de 2012. Es por eso que el ministerio del Interior subrayó la «absoluta legitimidad y absoluto derecho» de España para realizar los controles que se vienen llevando a cabo en la frontera de Gibraltar por parte de la Guardia Civil ya que son medidas «aleatorias, legales y proporcionales, precisamente en defensa de la legalidad».

Gibraltar es un pequeño «paraíso fiscal» en el que empresas de todo el mundo se instalan para obtener beneficios imposibles de conseguir en sus países de origen. Gracias a su condición de «estatus especial», el Peñón se aprovecha de su pertenencia a la UE y de ventajas que le permiten instaurar un IRPF muy reducido, un impuesto de sociedades tres veces más bajo que en países como España o instaurar un IVA del 0%.