Rajoy fuerza al Congreso a abrir en enero para acelerar el plan anticorrupción

El presidente del Gobierno registró el viernes tres oficios para que haya sesiones extraordinarias y un Pleno.

El Rey Felipe VI pidió en su discurso de Nochebuena regeneración democrática y que se corte la corrupción de «raíz y sin contemplaciones». Precisamente, el Gobierno registró el pasado viernes en el Congreso de los Diputados varias solicitudes para que se habilite el mes de enero, afectado por las vacaciones navideñas, para que continúen los trabajos en ponencia y en comisión del paquete de medidas de regeneración democrática que promueve. El objetivo es evitar que el parón parlamentario afecte al calendario de tramitación de estas reformas y retrase su aprobación definitiva.

El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara, por lo que la petición saldrá adelante y supondrá que se cumpla una agenda en la que se prevé que el trámite de ponencias continúe entre el 8 y el 9 de enero. A la semana siguiente, seguirá la que afecta al Código Penal, que también se aprobará en la comisión de Justicia, y pasarán por la comisión constitucional el proyecto de ley orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos y el proyecto de ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado. En la semana del 19 habrá Pleno para aprobar las leyes orgánicas (Código Penal y control económico financiero). Y de ahí serán enviadas al Senado, que tiene un plazo máximo de dos meses para su aprobación definitiva. Para finales de marzo, como muy tarde, estarán ya en vigor, incluso en el caso de que haya enmiendas en el Senado y las leyes orgánicas tengan que volver al Congreso para su validación.

Para conseguir que se activen estas sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios necesarios el Gobierno ha presentado en el registro de la Cámara Baja tres oficios, uno por cada proyecto legislativo, en los que apela a la aplicación del artículo 61.2 del Reglamento del Congreso. La ordenación interna establece que el Congreso se reunirá anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre, y de febrero a junio. Pero en el citado artículo precisa que fuera de dichos periodos, «la Cámara sólo podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso; en la petición deberá figurar el orden del día que se propone para la sesión extraordinaria solicitada».

Por cierto, los trabajos en ponencia están sirviendo para evidenciar la sintonía con algunos grupos de la oposición, aunque la negociación se lleva con la máxima discreción. En un gesto con el que confirmar la importancia que conceden a estas reformas legislativas el PP optó por elevar el rango de sus ponentes, y, por ejemplo, para los proyectos sobre el control económico financiero de los partidos y la nueva regulación del alto cargo eligió al vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, y al secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.

Estas reformas legislativas que anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Debate del Estado de la Nación de 2013, y que quedaron registradas un año después, llevan en fase de negociación con la oposición desde la pasada primavera. El proceso de renovación en el liderazgo socialista y las elecciones europeas llevaron a paralizar las conversaciones, que se retomaron en septiembre. Esa búsqueda del acuerdo, sobre todo con el PSOE, ha retrasado su puesta en marcha. Hasta que ya este otoño el Ejecutivo decidió tirar hacia adelante después de que tras el estallido del caso de las tarjetas «black» de Caja Madrid, los socialistas optaran por mezclar este pacto contra la corrupción con su estrategia de oposición contra Rajoy por los escándalos que han afectado a las siglas de su partido y por la corrupción en general.

Precisamente, el jefe del Ejecutivo presentó este paquete de medidas cuando el «caso Bárcenas» estaba en su momento de máxima tensión, pero al margen del Gürtel, de Bárcenas y demás polémicas, las medidas impulsadas suponen un importante avance para cercar más y con más celeridad a los corruptos. Incluyen más control y fiscalización de la financiación de los partidos, y que las irregularidades en esta materia sean delito penal; más vigilancia del alto cargo de la Administración General del Estado; y más celeridad en la persecución de los delitos de corrupción y más sanción penal.