Elecciones a finales de enero tras la aplicación del 155

Rajoy culpa a Puigdemont de la situación y garantiza que la aplicación de las medidas no implica el «uso de la fuerza». PSOE Y CS ponen fecha para ir a las urnas y apuntan a la intervención de TV3

Mariano Rajoy  durante la rueda de prensa en Bruselas/ Reuters
Mariano Rajoy durante la rueda de prensa en Bruselas/ Reuters

Rajoy culpa a Puigdemont de la situación y garantiza que la aplicación de las medidas no implica el «uso de la fuerza». PSOE Y CS ponen fecha para ir a las urnas y apuntan a la intervención de TV3.

Mariano Rajoy da por acabado el tiempo para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por primera vez ya ayer no dejó la puerta abierta a la rectificación de la Generalitat para evitar la intervención en Cataluña, aunque aún queda una semana antes de que las decisiones que hoy adopte el Consejo de Ministros se hagan efectivas en el Senado. La partida se acabó, y ahora lo que Rajoy pide a los líderes independentistas es responsabilidad para no agitar la calle y generar problemas de orden público. Él garantizó a los catalanes que el artículo 155 no implica el «uso de la fuerza» durante la comparecencia en la que valoró las conclusiones de la cumbre comunitaria que ayer concluyó en Bruselas. Una reunión en la que el presidente del Gobierno español recibió el apoyo expreso de sus socios a la unidad e integridad territorial.

Cataluña no estuvo en la agenda oficial de la cumbre porque el Ejecutivo español se negó porque suponía dar la baza al independentismo de presentar el desafío secesionista en la escena internacional como un problema que exige mediación exterior. «Afecta a Europa, pero su gestión tiene que ser en clave nacional», sentencian fuentes gubernamentales. Otra cosa sería tanto como hacerle el juego a la propaganda secesionista para presentarse fuera de España como un supuesto Estado distinto al español. No obstante, Rajoy sí recibió una vez más el apoyo de sus socios comunitarios, basado en la defensa de los mismos valores fundacionales de la Unión Europea (UE), el respeto a la ley y al Estado de Derecho.

El detalle de las medidas del artículo 155 se conocerá esta mañana, después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, y ayer el jefe del Ejecutivo sólo avanzó que el objetivo es recuperar la normalidad institucional en Cataluña y la legalidad. En una línea argumental que parece pactada entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, Rajoy responsabilizó a Carles Puigdemont y a la Generalitat de las decisiones que hoy aprobará el Consejo de Ministros antes de remitirlas al Senado para su ratificación. La Generalitat se ha situado fuera de los valores vigentes en las democracias europeas, y esto es lo que obliga a tomar medidas excepcionales para restablecer la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña, precisó el jefe del Ejecutivo.

El presidente dejó ver su preocupación por la reacción de la Generalitat. Teme que esta actuación por la vía del artículo 155 de la Carta Magna sea utilizada por el independentismo para provocar problemas de orden público. En ese sentido, Rajoy apeló a los Mossos, sin citarlos expresamente, para que cumplan con sus obligaciones como cuerpo policial cuya legitimidad, como la de las demás fuerzas de seguridad, deriva de la propia Carta Magna y del Estatut. «No se me ha dado alternativa para nada más. Los responsables de la Generalitat lo han hecho muy mal durante esta crisis y ellos son los responsables (de la aplicación del artículo 155). El Gobierno ha hecho muchos intentos por evitarlo», aseguró. Fue un argumento insistente, en un tono de resignación ante una salida que ha intentado evitar de todas las maneras posibles. En ese sentido, añadió que esto no habría pasado con otros interlocutores por parte de la Generalitat, pero «estas cosas pasan cuando se está en manos de extremistas», en alusión a la CUP y al pacto que incluso obligó a la sustitución de Artur Mas por Carles Puigdemont tras las elecciones del 27-S. Pese a que el Gobierno, de acuerdo con el PSOE, lleva días instando a la Generalitat a rectificar para evitar la puesta en marcha del artículo 155, ayer Rajoy dejó claro que ya es tarde para frenar la maquinaria del Estado después de todas las facilidades que se les ha dado. «Lo hemos advertido y avisado a pesar de ser prudentes, pero no se puede incumplir la ley sabiendo que se está incumpliendo», sentenció.

La previsión es que sea el propio presidente del Gobierno el que hoy explique el alcance de la aplicación del artículo 155. Está pactado con el líder socialista, Pedro Sánchez, dentro de una comunicación permanente, entre Rajoy y Sánchez, y también por parte de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con su interlocutora socialista, la responsable de Igualdad, Carmen Calvo. La ex ministra apuntó ayer en Espejo Público a los Mossos, a la televisión catalana y a la Generalitat como ámbitos afectados por la aplicación de las medidas que hoy se conocerán. Pero preguntado Rajoy por esa posible intervención en TV3, replicó: «¿Y quién ha dicho que se pueden intervenir medios catalanes?». Ante la respuesta de que la información venía del PSOE, añadió: «Ni confirmo ni dejo de confirmar». Las medidas que hoy se conocerán cuentan también con el acuerdo de Ciudadanos (Cs). «El Estado democrático tiene instrumentos democráticos en sí mismos porque de ellos depende la preservación de los derechos y libertades de todos», argumentó la dirigente socialista durante la entrevista con Susanna Griso.

«En Europa no puede haber un país donde la ley no se cumple», sentenció ayer el presidente del Gobierno. Desde el Ejecutivo español han hecho una intensa labor diplomática para justificar la intervención en la autonomía catalana. Están explicando los incumplimientos de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), el contexto sin garantías democráticas en el que se celebró el referéndum del 1-O, y cómo en Cataluña hay una fractura social y una quiebra económica que está perjudicando los intereses de todos los catalanes. En suma, que no hay ni base legal ni base social para poner en marcha un proceso que afecta a la convivencia de todos los catalanes y españoles, y que se sustenta, además, sobre un marco legal anulado por el TC, que desprecia valores básicos de la democracia y que confunde incluso la división de poderes como si de un régimen totalitario se tratara. El Gobierno no quiere errores como las imágenes de cargas policiales del 1-O. Era una batalla perdida, como ellos mismos reconocen.