Rajoy quiere que las CC AA compartan compras y gestión de servicios

Moncloa dará hoy un impulso a la reforma de las administraciones públicas con dos reuniones del más alto nivel, que llevarán personalmente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Las imágenes están dirigidas a compensar ante la opinión pública la impopular decisión de no revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC por la situación de las cuentas públicas. El Ejecutivo quiere trasladar el mensaje de que se está esforzando en meter la tijera en la «grasa» de la Administración y que sigue trabajando en ello, aunque no se concreten resultados hasta finales de junio. En una entrevista en este periódico, Rajoy adelantó este fin de semana que la comisión técnica que prepara la reforma de la Administración pública tiene el mandato de eliminar las duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación entre Estado y autonomías; la simplificación administrativa; y analizar la lista de entidades institucionales existentes y ver cuáles se pueden suprimir. Esta iniciativa es, además, un mandato de la Conferencia de Presidentes, que se celebró a principios de octubre en el Senado.

Desde el acuerdo del Consejo de Ministros que creó la comisión técnica, ésta se ha reunido en dos ocasiones. Una, para constituir los grupos de trabajo. Y otra para decidir el método y la organización del mismo. El Gobierno ha decidido implicar a todas las comunidades y al PSOE desde el primer momento. Asimismo, está recopilando informes y estudios privados de universidades, catedráticos y expertos en la materia. Los «papeles» están todavía en una fase muy inicial, pero Moncloa ya se ha marcado líneas de trabajo. Entre las posibilidades de racionalización y reducción administrativa está la idea de extender a otras áreas el modelo de la Central de Compras de Material Sanitario. El presidente es partidario de que las comunidades compartan compras y la gestión de determinados servicios y medios comunes. Este sistema se está ahora mismo intentando implementar en la Administración General del Estado, con las dificultades que entraña. El jefe del Ejecutivo cree que sería bueno que esta unificación se generalizase entre las demás administraciones. En el camino el Gobierno estudia distintos modelos de la actividad privada para ver cuáles dan mejores resultados.

Rajoy recibirá esta mañana al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, para hablar de la reforma local. Sáenz de Santamaría presidirá una reunión centrada en la reforma de la Administración en su conjunto, también la autonómica y a la que asistirán el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; los consejeros de Presidencia de las comunidades gobernadas por el PP, y los portavoces en esta materia de las autonomías socialistas. En la entrevista referida, Rajoy anticipó que habló con Rubalcaba y que se quedó con la sensación de que podía haber colaboración en esta materia. Colaboración imprescindible para que el proyecto salga adelante, ya que necesita la implicación de gobiernos autonómicos y locales.

Éste es uno de los principales compromisos electorales del PP, pero en lo que va de legislatura no ha habido avances sustanciales porque la reforma exige el pacto con los demás partidos. Por ahora, la falta de acuerdo, incluso dentro del propio PP, ha hecho que el anteproyecto de la reforma de la Administración Local esté paralizado desde el verano. También algunos alcaldes populares han presentado resistencia a la propuesta de que los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y que no cumplan unos baremos de calidad dejen sus competencias en manos de las diputaciones, así como a la reducción de un tercio de los concejales (en 2015). De llevarse a la práctica como inicialmente se anunció, podría poner al PP en una difícil situación en dos de las comunidades en las que más esfuerzos está haciendo para conseguir fortalecer su implantación: Cataluña y País Vasco. La «troika» comunitaria sí ha impuesto a los países intervenidos la supresión de municipios y de altos cargos. En España hay 8.116 ayuntamientos, de los cuales el 85% tiene menos de 5.000 habitantes.