Rajoy se plantea intervenir en el debate sobre la consulta

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se plantea intervenir en el debate sobre el desafío soberanista en Cataluña que la próxima semana se celebrará en el Congreso. Y en el que la mayoría de la Cámara «tumbará» las iniciativas del Parlamento catalán y de los grupos nacionalistas en las que se exige la transferencia de la competencia exclusiva del Estado sobre consultas que afecten a la soberanía nacional. Oficialmente, el Ejecutivo ni confirma ni desmiente tal posibilidad, porque en su estrategia ha optado por guardarse esta «carta» hasta ver cómo se colocan las piezas en el tablero. La posición del Gobierno, en cualquier caso, está fijada de antemano en el contundente escrito que remitió al Parlamento el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, a principios de marzo. Un documento que es de obligada lectura en el debate parlamentario del próximo día 8. En ese escrito el Ejecutivo de Rajoy ya sentencia que los referendos consultivos están previstos en la Constitución sola y exclusivamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia. Pero que sólo puede consultarse sobre lo que se va a decidir, y no caben consultas meramente especulativas. El próximo martes, el Gobierno subrayará en el Parlamento que Cataluña no puede decidir jurídicamente de manera unilateral su separación de España, y que tampoco puede técnicamente consultar al respecto porque se trata de una facultad que con arreglo al artículo 150.2 de la Constitución no es susceptible de transferencia. Es decir, que ni en el fondo, el objeto del referéndum que se pretende convocar, ni en la forma, la delegación de la competencia, la demanda tiene cabida en el marco constitucional.

En todo caso, sea o no Rajoy quien fije la posición del Gobierno durante la sesión, en la Cámara Baja está todo listo para dar el «no»al Parlament y a su propuesta de consulta soberanista. Y es que la Junta de Portavoces ordenó ayer el desarrollo del debate y, según lo acordado, la sesión se abrirá a las cuatro de la tarde con la lectura del documento que el Gobierno redactó sobre la petición y en el que deja claro que Cataluña no puede decidir unilateralmente su futuro. El encargado de hacerlo será el secretario primero de la Mesa del Congreso, el popular Ignacio Gil Lázaro.

A partir de ahí, la propuesta de delegar las competencias será presentada por la delegación enviada por el Parlament que la integran Jordi Turull, portavoz de CiU en la cámara autonómica; Marta Rovira, secretaria general de Esquerra (ERC), y Joan Herrera, líder de Iniciativa per Catalunya (ICV). Cada uno dispondrá de diez minutos para defender la propuesta.

La sesión será monográfica, como lo fue en su día el debate sobre el «Plan Ibarretxe». De hecho, las llamadas «copias de seguridad» que ERC, CiU e ICV registraron con el mismo texto para asegurarse de que este debate se iba a celebrar antes del verano, serán retiradas del orden del día.

Tras la delegación del Parlament, intervendrán los grupos parlamentarios de la oposición del Congreso, de mayor a menor, con 20 minutos cada uno. Así, el primero en intervenir será el PSOE, cuyo secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, dará un «no» dialogado a la propuesta catalana. Lo avanzó ayer la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, tras defender como viene haciendo la dirección socialista desde hace meses una salida pactada que responda al reto unilateral planteado por CiU y «su socio» de Esquerra Republicana. La propuesta: una reforma de la Constitución en clave federal que revise el modelo territorial y atienda algunas de las aspiraciones de los nacionalistas catalanes.

Le seguirán en el turno de palabra CiU, Izquierda Plural (representado por el diputado de ICV, Joan Coscubiela), UPyD, PNV y el Grupo Mixto. Cerrará el PP, cuyo portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, apuesta también por el «no dialogado» y por que sería bueno que el Gobierno de Rajoy interviniera en el debate. Lo que no entenderán los catalanes, en su opinión, es que el president Artur Mas renuncie, en cambio, a defender ante el Parlamento nacional el que constituye «su principal proyecto político».

Valoraciones aparte, la delegación catalana tendrá quince minutos para responder (cinco minutos por cada diputado autonómico) y los grupos del Congreso, diez cada uno. Pero el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, ha prometido una «interpretación generosa» del Reglamento, por lo que no se descarta un tercer turno de intervención por cada parte.

En todo este programa habrá que encajar la intervención del Gobierno, que, conforme a los usos y costumbres parlamentarios, puede intervenir en cualquier momento de la sesión. Cuando se presentó el «Plan Ibarretxe», el presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero en responder, y el 8 de abril se calcula que el Ejecutivo tampoco esperará al final de la sesión para fijar su posición. Las reglas están puestas. Sólo falta el partido.