Rajoy: sin plan al frustrarse su boicot al 1-O

El ex presidente ha preparado con Santamaría su declaración, en la que se ceñirá a la «descripción» de las decisiones políticas.

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, en un encuentro en La Moncloa en 2016. Foto: Alberto R. Roldán
Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, en un encuentro en La Moncloa en 2016. Foto: Alberto R. Roldán

El ex presidente ha preparado con Santamaría su declaración, en la que se ceñirá a la «descripción» de las decisiones políticas.

La gran frustración del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en su gestión del problema catalán es que llegara a celebrarse el referéndum del 1-0. Este hecho, como variable que estaba completamente descartada en el plan de acción del Ejecutivo, marcó un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno del PP, que desde entonces, como reconocen varios de sus protagonistas ahora que ya se ha «enfriado» todo, perdió la iniciativa y pasó a tener que dejarse arrastrar por una dinámica de reacción constante a cada uno de los pasos que por delante iban dando los independentistas.

La citación del «núcleo duro» del Gobierno de Rajoy para que desfilen hoy como testigos en el juicio del «procés» ha obligado a refrescar la memoria a los principales actores políticos de los hechos que culminaron en el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y en la declaración unilateral de independencia. LA RAZÓN ha hablado con varios de los que entonces acompañaban a Rajoy en el Consejo de Ministros y que de una manera o de otra estuvieron en la primera línea de la gestión del desafío independentista. Para la comparecencia de hoy, Rajoy ha buscado apoyo en algunos papeles y documentos y en la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Ni ex ministros que no están citados ni tampoco la dirección nacional del PP se desplazará esta mañana hasta el Supremo: Rajoy no quiere «espectáculos» sino «sobriedad». Aunque en algunos sectores del PP hay preocupación por la utilización política que Vox pueda hacer de estas comparecencias, Rajoy ha comentado a quien ha hablado con él en los últimos días que «está tranquilo». El consejo que ha recibido es que conteste a todas las partes, ya que como ex presidente entienden que «no es conveniente trasladar la imagen de que no está dispuesto a responder a todas las preguntas o que quiere ocultar algún tipo de dato». El eje de su declaración se ajustará al principio de que actuó de acuerdo con su obligación de garantizar la unidad nacional y hacer cumplir la Constitución. Fuentes de su entorno anticipaban ayer que Rajoy se ajustará a la descripción de las decisiones políticas y judiciales y que no cabe esperar ninguna novedad sobre el discurso que hizo en aquellos meses «ni sobre la negociación con los independentistas ni sobre las circunstancias y el momento en que decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución». Confían en que el presidente del Tribunal limite el uso político por parte de Vox de su interrogatorio. Uno de los elementos más sensibles es el que afecta al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y su negación de que se usaran fondos públicos, que controlaba en teoría su departamento, para la consulta ilegal y el procés, cuando uno de los delitos que se investiga es el de la malversación de fondos públicos. Montoro se aferró entonces a esta negación para defender su propio trabajo, aunque ahora admitan quienes compartieron con él responsabilidades de gobierno que «como poco se pecó de ingenuidad al sostener que no había traspaso de fondos públicos para la independencia simplemente porque no había ningún apartado presupuestario en el que constase formalmente ese destino». La salida de Montoro será declarar que él no tuvo conocimiento de la desviación de los fondos que controlaba Hacienda, al estar intervenida económicamente la Generalitat, porque éste era el criterio de los interventores.

Del relato político que ahora se hace de los hechos que investiga el Tribunal Supremo destaca cómo los testimonios coinciden en retratar la «frustración» de Rajoy porque frente a lo que creía firmemente, sí hubo urnas y hubo una consulta ilegal el 1 de octubre aunque no tuviera ningún valor jurídico y político. Rajoy había convertido en un mantra la idea de que no habría referéndum, y no era un recurso dialéctico sino que estaba convencido de ello por la información que manejaba. La información falló, y frente a las previsiones de la Vicepresidencia, del Centro Nacional de Inteligencia y del ministerio del Interior, hubo urnas y los catalanes pudieron participar en un paripé de votación que no entraba en los cálculos del Gobierno. Los Mossos no colaboraron, también contra lo previsto, y las imágenes de la Policía teniendo que desalojar en algunos casos con violencia varios colegios electorales desconcertaron a la mayoría de los ministros del presidente.

En toda la jornada Rajoy convocó un comité de crisis, pese a que había ministros en alerta en sus despachos a la espera de que esta decisión pudiera producirse. El entonces presidente gestionó en soledad en Moncloa, con la vicepresidenta, la decisiva jornada para asombro de parte de su Gabinete. Sin duda que la gestión del 1-O fue decisiva en la ruptura interna del Gobierno porque multiplicó la contestación interna a Sáenz de Santamaría como principal responsable de la dirección del problema catalán y responsable directa del CNI.

De aquellos días, la memoria de sus protagonistas coincide en enfatizar las dudas de Rajoy sobre la prisión preventiva para los líderes del «procés». «Aunque acatase la decisión de los fiscales, como había hecho en todo momento». El Gobierno mantenía «un diálogo fluido y constante con la Fiscalía», pero desde el ámbito político mantienen que ésta fue siempre «por delante» en la elaboración de la respuesta judicial, empezando por las querellas de octubre de 2017 ante la Audiencia Nacional y el Supremo contra Puigdemont y otras 19 personas por hechos relacionados con el «procés» desde 2015. De ahí viene el juicio que ahora se celebra. Llama la atención cómo en el equipo jurídico de Rajoy afirman que la Fiscalía no rebajará el delito de rebelión durante el juicio porque es un criterio firme establecido y porque al margen de las presiones políticas del momento, «todo Gobierno puede intentar presionar al primer responsable del órgano fiscal, pero luego éste tiene que gestionar las decisiones con los fiscales y la injerencia está muy limitada».