Rato pide una reducción drástica de la fianza para levantar los embargos

Rodrigo Rato, ex ministro de Economía de José María Aznar y ex presidente del Fondo Monetario Internacional, considera a todas luces que las medidas decretadas por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid de embargar sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones, salvo que deposite una fianza de 18 millones de euros, son a todas luces injustificadas, motivo por el que ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que las revoque o, subsidiariamente, reduzca drásticamente esa fianza. La Audiencia tiene previsto resolver en breve el mencionado recurso.

La defensa de Rato sostiene que esas medidas no resultan proporcionales al posible delito fiscal, que es el único que, a juicio del Ministerio Público, estaría más documentado en esta fase del proceso, ya que la existencia tanto de blanqueo de capitales como de alzamiento de bienes, que eran los otros delitos a los que aludía la Fiscalía en su denuncia inicial, «es bastante más inconcreta». El delito fiscal vendría, presuntamente, por el hecho de haber defraudado al fisco algo más de 2,4 millones de euros, a través de una de sus sociedades, aspecto éste que también niega la defensa, quien mantiene que el ex ministro cumplió en todo momento con sus obligaciones tributarias.

Junto a ello, mantiene que no hay ningún riesgo de fuga, el arraigo social resulta evidente, y que tampoco se puede esgrimir que no pueda hacer frente a una hipotética responsabilidad civil, ya que Rato ha declarado todo su patrimonio a la Hacienda española y no mantiene ya ningún bien fuera de España.

De esta forma, es por lo que la defensa del ex ministro de Economía considera que no se dan los requisitos para mantener embargadas sus cuentas y depósitos, ya que esa medida se entiende que no resulta proporcional a la vista de que los indicios contra Rato se centran en estos momentos en el delito fiscal.

En todo caso, solicita a la Sala que, de no estimarse la petición anterior, acuerde una notable rebaja en la fianza impuesta para poder desbloquear esos bienes. Los 18 millones acordados por el juez resultan excesivos, desproporcionados y suponen un claro trato desigual respecto a otros imputados por delito fiscal. En este punto, se alude a que el magistrado se limitó a aceptar la cantidad propuesta por el Ministerio Fiscal, pero sin especificar ni concretar las cuantías que llevaron a fijar esa cantidad.

En esa fianza se incluía la eventual multa que se le pudiese, en su caso, imponer a Rodrigo Rato si resultara finalmente condenado por los delitos fiscales que se le imputan. Sin embargo, la defensa sostiene que no se debe admitir esa circunstancia, la relativa a la multa, ni respecto al delito contra la Hacienda Pública ni con los de blanqueo de capitales, ya que sobre este último, y tal como señalaba la Fiscalía, en estos momentos los indicios son más que endebles, a no ser que le se aplique la modalidad de autoblanqueo, algo que, para la representación del ex ministro, no puede hacerse de acuerdo con la doctrina establecida al respecto por el Supremo.

Trato desigual

Así, y una vez que se esgrime que resulta de todo punto imposible determinar la cuantía de dinero de procedencia ilícita que, presuntamente y en su caso, habría podido ocultar, es por lo que sostiene la defensa que no se puede imponer ninguna responsabilidad civil, y la posible multa debe quedar igualmente al margen de la determinación de cualquier tipo de fianza.

Además de lo anterior, se alude a que en otros procedimientos donde hay imputados por delitos fiscales, las fianzas no han sido tan elevadas como en este caso, donde para una posible ocultación al fiscal de 2,4 millones se ha impuesto 18 millones de fianza. Así, por ejemplo, se alude a un supuesto en que ante una cuota defraudada de 10,7 millones se impuso una fianza de 14,3, u otro en el que a un imputado por ese delito acusado de defraudar a Hacienda seis millones se pidió una fianza de diez. En ambos casos, la fianza resultaba de incrementar en un tercio la cuota presuntamente defraudada. En cambio, a Rato, se sostiene en el recurso, la fianza supone más de siete veces las cuotas supuestamente defraudadas, por lo que la cantidad de 18 millones es excesiva y desproporcionada.