Rebelión: llegan los testigos clave de la Fiscalía

El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo testificarán hoy.

La Fiscalía tiene señalada en rojo esta semana en el calendario del juicio del «procés». Desde hoy y hasta el próximo jueves comparecerán ante el tribunal que preside Manuel Marchena más de una treintena de testigos entre los que figuran casi una decena cuyos testimonios el Ministerio Público considera determinantes para acreditar la existencia de violencia en el proceso independentista, imprescindible para sostener la acusación del delito de rebelión. Tres de esos testigos comparecerán hoy mismo ante la Sala: José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad; el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo y Juan Antonio Puigserver, ex secretario general técnico del Ministerio y supervisor de los Mossos tras la aplicación del artículo 155.

La Fiscalía –que a diferencia de la Abogacía del Estado sí acusa de rebelión a nueve de los doce procesados– centra esos episodios violentos en el registro judicial de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 y en la jornada del referéndum ilegal del 1-O. Para la acusación pública, lo decisivo para imputar la rebelión no es probar que los líderes soberanistas buscaban un enfrentamiento violento desde un primer momento como estrategia para alcanzar la independencia, sino acreditar que, sin necesidad de buscarla, tras producirse los altercados del 20-S asumieron el riesgo de que volviera a producirse al seguir impulsando la movilización ciudadana en contra de las resoluciones judiciales y de la actuación policial. Según fuentes jurídicas, si se representaron esa posibilidad y la aceptaron, siguiendo adelante y sin hacer nada para evitarlo (lo que penalmente es el dolo eventual), habrían cometido el delito de rebelión.

Esa es la razón, añaden esas mismas fuentes, por la que la Fiscalía no acusa de rebelión a todos los ex consellers del Gobierno de Carles Puigdemont que se sientan en el banquillo, sino solo a quienes, tras lo sucedido el 20-S, llevaron a cabo actos concretos para organizar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. De ahí que su objetivo en la vista oral sea, por un lado, intentar probar que el 20-S hubo violencia y que los acusados de rebelión fueron conscientes de ello, y por otro, que posteriormente –pese a que habrían sido conscientes de que ese escenario podría volver a repetirse– impulsaron las movilizaciones del 1-O, una jornada en la que el Ministerio Público debe acreditar también ante la Sala que se volvieron a vivir episodios violentos.

Tras las declaraciones de los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis», que presentaron la masiva protesta del 20-S –que llegó a reunir a una multitud de entre 40.000 y 60.000 personas– como una concentración «pacífica» y «festiva» en la que únicamente se produjeron incidentes «meramente anecdóticos» (el destrozo de siete coches de la Guardia Civil) y que en modo alguno impidieron a la comitiva judicial salir del edificio (los últimos agentes no abandonaron la consejería hasta bien entrada la madrugada), los fiscales esperan como agua de mayo la declaración de la secretaria judicial Montserrat del Toro, que tuvo que abandonar la sede de Economía por la azotea. La funcionaria –para quien la Fiscalía pidió la condición de testigo protegida, lo que frenó su declaración como testigo durante la fase de instrucción por la oposición de las defensas– abrirá la sesión de testificales el miércoles, pero antes también comparecerán el coordinador del dispositivo de seguridad del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos; los responsables de Policía y Guardia Civil en Cataluña en esas fechas, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, respectivamente. El miércoles será el turno, tras la secretaria judicial, de los propietarios de dos hoteles de Reus (Tarragona) y Figueras (Gerona) en los que se alojó parte del contingente policial enviado a Cataluña para el referéndum soberanista, que serán interrogados sobre los escraches y situaciones de acoso que vivieron los agentes.

La Fiscalía considera fundamental el testimonio que presten tanto Nieto, el responsable político en Interior del operativo del 1-O y de quien dependía Pérez de los Cobos, como el ex delegado del Gobierno en Cataluña. A diferencia del coronel de la Guardia Civil, que ya declaró en la fase de instrucción ante el juez Llarena, ninguno de los dos testificó en la causa.

En ese esfuerzo probatorio para intentar acreditar la existencia de hechos violentos que habrían sido asumidos por los acusados a los que imputa la rebelión, los fiscales del caso confían igualmente en el testimonio que prestará el teniente de la Guardia Civil que estaba al mando del operativo de seguridad en el registro del 20-S en Economía, con quien «los Jordis» aseguraron haber mantenido una relación de colaboración e incluso cordial.