El PP reclama a Pedraz que deje también en manos del Supremo la investigación a Ábalos por la "trama de hidrocarburos"

El PP ha instado a la Audiencia Nacional a dejar también en manos del Tribunal Supremo (TS) la investigación al exministro José Luis Ábalos por la "trama de hidrocarburos". En particular, la acusación popular pretende que sea el alto tribunal el que indague en sus supuestas "actuaciones de intermediación y gestión" en la concesión de la licencia de operador en el sector a Villafuel, la empresa de la presunta red fraudulenta, que habría sorteado el pago a Hacienda de más de 180 millones de euros en concepto de IVA.

Así lo pone de manifiesto en un escrito dirigido al juez Santiago Pedraz, al que insta a inhibirse parcialmente de la causa en favor del Supremo -dada la condición de aforado del exministro de Transportes por su condición de diputado en el Congreso-, manteniendo únicamente la investigación de la posible comisión de delitos tributarios, de organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

Una parte de los hechos investigados por el juez Pedraz -señala el abogado del PP, Alberto Durán- están "estrechamente vinculados" con Ábalos --a quien el magistrado Leopoldo Puente ya investiga por tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación en el "caso Koldo"-, "quien habría intermediado indiciariamente con altos cargos del Gobierno de España y de la Administración Pública", por indicación del comisionista Víctor de Aldama (también investigado por el Supremo) para que Villafuel "obtuviera una licencia de operador en el sector de los hidrocarburos". Unas labores, añade, por las que el entonces ministro de Pedro Sánchez y el que era su asesor, Koldo García, "habrían percibido diversas remuneraciones".

La acusación popular, que ya en su escrito de personación advirtió de que empezaba a "vislumbrarse" en la investigación la posible mediación de Ábalos -que declara como imputado este jueves en el Supremo- para la concesión de esa licencia, afirma que esos indicios se han visto "reforzados" a lo largo de la instrucción.

Y es que, recuerda, Villafuel no cumplía "con los requisitos de capacidad financiera" para obtener esa licencia -tal y como puso de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe de mayo del pasado año-, pues obtuvo un crédito bancario de 2,5 millones de euros un año después de obtener la licencia en septiembre de 2022, tras una ampliación de capital de 580.000 euros. Razón por la cual el Ministerio de Transición Ecológica rechazó su primera solicitud.

El PP sostiene que "ante las dificultades para obtener la licencia de operador, la trama habría recurrido a la ayuda" de Ábalos y Koldo, a través de Aldama, "a fin de que les facilitaran el acceso a las altas esferas de la Administración Pública".

Prueba de ello, subraya la acusación, es que "determinados miembros de la trama", entre ellos el socio de Aldama, Claudio Rivas, y Carmen Pano, la empresaria que afirma que en octubre de 2020 llevó a Ferraz 90.000 euros en bolsas de basura- "habrían mantenido una reunión presencial en el Ministerio de Industria" con el jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, tal y como señala la UCO en un informe de diciembre del pasado año.

Un encuentro al que la Guardia Civil añade -recuerda- "diversos mensajes intercambiados" entre Koldo García y Díaz Bidart "organizando el encuentro con los responsables de Villafuel".

El letrado de la acción popular sostiene que Ábalos "habría solicitado una retribución a cambio" de "intermediar" entre los responsables de Villafuel y los altos cargos de la Administración que intervinieron en el proceso de obtención de la licencia. Esa retribución, defiende, se plasmó en la compra de un inmueble en la urbanización "La Alcaidesa" de La Línea de la Concepción (Cádiz) a través de la empresa Have Got Time, con el que Claudio Rivas, Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano "habrían retribuido" al entonces ministro "por los servicios prestados" (Ábalos disfrutó de la vivienda junto a su familia en el verano de 2021).

La UCO ya relacionó esa adquisición "con la agilización de la concesión de la licencia de operador, puesto que tenía como fin el uso y disfrute por parte del entonces ministro y secretario general del PSOE". De hecho, subraya, el sumario incluye "un supuesto contrato de alquiler" suscrito por Leonor González Pano y José Luis Ábalos "en el que el entonces ministro habría plasmado su firma manuscrita". Para el PP, además, "no puede descartarse en este momento de la investigación" que Ábalos y Koldo García "recibieran otro tipo de dádivas" por esas gestiones o "por otros trabajos".

El PP concluye que han aflorado indicios que apuntan a que Villafuel "necesitaba una licencia de operador de hidrocarburos", por lo que Aldama "habría contactado" con Ábalos y Koldo García "para que realizaran las gestiones oportuna" y, como contraprestación, Claudio Rivas. Carmen Pano y Leonor González Pano, a través de la sociedad Have Got Time "habrían

adquirido una vivienda en Cádiz para retribuir al ministro por sus buenos oficios". Razón por la cual, subraya, el Supremo ha citado a declarar a Carmen Pano y su hija el próximo día 25.

"El adecuado esclarecimiento de la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos de Villafuel exige indagar sobre el rol desempeñado por José Luis Ábalos en la misma, una actuación investigadora que solo puede ser desempeñada por la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada su condición de aforado". Para el PP, de hecho, no es posible continuar adelante con la investigación "sin afectar al estatuto jurídico" de Ábalos, por lo que procede "escindir" la causa en "dos bloques diferenciados y que sea el alto tribunal el que asuma la investigación de la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel.

La acusación reclama en todo caso a Pedraz que inste a la Fiscalía Anticorrupción y a la UCO a aportar el expediente completo de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de Villafuel que fue tramitado por el Ministerio para la Transición Ecológica, así como el que se tramitó ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.