Regiones y municipios deberán ahorrar 17.340 millones hasta 2015

La Razón
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En plena guerra de cifras con la Generalitat catalana, los sacrosantos objetivos del déficit obligarán a las comunidades autónomas a un nuevo esfuerzo de contención del gasto y racionalización de los ingresos en los próximos dos años. Así consta en el documento remitido ayer a la Comisión Europea, en cumplimiento del reglamento para el seguimiento de los presupuestos y para la corrección del déficit excesivo de los socios de la eurozona. El Gobierno cifra en 4.069 millones de euros (décima arriba o abajo) el ajuste previsto para 2014 y de otros 4.562 el impacto de las medidas necesarias para que las regiones cumplan su parte del objetivo de déficit.

Las autonomías sólo podrán acumular un déficit del 1% el año próximo, con la finalidad de que el agujero del conjunto de las administraciones no exceda el 5,8%. En 2015, el Gobierno ha establecido un 0,7% de desajuste para las autonomías, ya que el déficit del Estado no debería sobrepasar el 4,2% del PIB.

El documento detalla que para 2014 las medidas previstas que se adoptarán en los gastos, como la reducción de las partidas en personal o farmacéuticas, permitirán a las comunidades aplicar un recorte de 1.926,9 millones, mientras que las medidas adoptadas en los ingresos –de acuerdo con el ejercicio de la capacidad normativa de las autonomías en materia tributaria– ascenderán a 2,142,1 millones.

En 2015, el esfuerzo previsto será aún mayor en términos cuantitativos, aunque no porcentuales (seguirá equivaliendo al 0,2% del PIB estimado tanto en gastos como en ingresos). En concreto, los recortes vía gastos totalizarán 2,191,9 millones y los ajustes contenidos en los ingresos sumarán 2.370,5 millones.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda se explicó ayer mismo que el impacto de estas medidas ya se contemplaba en la Actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 2013-2016 y que, por tanto, éstos no pueden ser consideradas ajustes «adicionales», el Gobierno ha concretado a Bruselas el montante real de este recorte. En cualquier caso, se trata de recortes mucho menores que los exigidos en 2012 y 2013, en lo que las medidas correctoras a las regiones suman 13.476 y 12.897 millones de euros, respectivamente.

Sin embargo, los ayuntamientos no quedarán al margen de los recortes. Entre la reforma de la Administración Local y los ajustes planteados en 2014 y 2015, el esfuerzo sumará 8.839,8 millones, de los cuales buena parte provendrán del ahorro previsto con la supresión de entidades menores. En conjunto, las comunidades autónomas y los municipios deberán realizar una contención que suma unos 17.340 millones de euros.

Asimismo, el Gobierno prevé ahorrar hasta 5.150 millones entre 2013 y 2014, más de medio punto porcentual del PIB, gracias a las medidas en materia de empleo público, según precisa la documentación remitida a la Comisión Europea. De este importe, 3.500 millones corresponderán al impacto de estas medidas en 2013 –el 20% corresponderá al Estado, otro 20% a entidades locales y un 60% a comunidades autónomas–, mientras que en 2014 este ahorro será de 1.650 millones adicionales.

Entre las medidas adoptadas y en ejecución, el Gobierno precisa la congelación de la oferta de empleo público y la no reposición de efectivos, el incremento de la jornada de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, la reducción de los créditos y los permisos sindicales, la reducción de los días «moscosos» de seis a tres o la modificación del régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal. En el caso de los asalariados, el texto remarca que las medidas adoptadas en este año que afectan al mercado laboral tendrán un impacto positivo para las arcas públicas de 2.757 millones.

Respecto a las pensiones, el ahorro anual estimado por la aplicación del Factor de Sostenibilidad y del resto de medidas supondrá unos 1.200 millones en 2014 y otros 1.500 en 2016. En total, el Estado recortará 8.713 millones entre 2014 y 2015 lo que elevará el ajuste de todas las administraciones en esos dos años por encima de los 26.000 millones.

Pese a todo, la deuda del conjunto de las administraciones rebasará el 101% del PIB tanto en 2015 como en 2016, con lo que seguirá incrementándose en los próximos años, si bien en 2016 se reducirá un 0,04%.