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Sánchez aprueba su anteproyecto de ley contra la corrupción ocho meses después de la expulsión de Cerdán

Fue pactado con Podemos en julio e incluye la creación de una agencia especializada o la incautación de los bienes sustraídos por corruptos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de EspañaLa Razón

El Consejo de Ministros dará luz verde este martes al anteproyecto contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometido el pasado mes de julio tras el estallido del caso Santos Cerdán. Ahora ocho meses después de la entrada en prisión del antiguo secretario de Organización será tramitado.

Entre las diversas medidas que incluye el plan presentado se encuentra la creación de una agencia especializada para perseguir estas prácticas o la incautación de los bienes sustraídos por los corruptos. La medida será explicada en detalle en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por las vicepresidentas y ministras de Hacienda y Trabajo, María Jesús Montero y Yolanda Díaz. La aprobación coincide con las acusaciones contra el adjunto a la secretaría de Organización dentro de la Ejecutiva Federal, Borja Cabezón, por presuntamente liderar un entramado de empresas pantalla para pagar menos impuestos.

Los socios del Gobierno aguardaban la llegada de la medida desde hace varios meses. En este sentido, se pone de manifiesto la importancia del aumento de los mecanismos de control y sanción frente a las empresas relacionadas con tramas de corrupción.

El texto que ha sido liderado por la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, tendrá que ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y necesitará la aprobación del pleno de la Cámara. Antes se deberán recabar los informes de los órganos consultivos y que obtengan la luz verde del Congreso de los Diputados.

Sánchez presentó ante la oleada del 'caso Koldo'

Tal y como informó LA RAZÓN, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la Tribuna de la Cámara Baja, apostó por situar a España a la vanguardia en la lucha contra la corrupción ante la oleada de casos relacionados con Ferraz y que han derivado en el Tribunal Supremo y en la prisión de Soto del Real. En este sentido, aseguró que la principal medida que se implementará sería la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente para "asumir las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas". Técnica extendida a los Fondos Next Generation y con la entrada de la IA.

Sumados al primer eje se señaló y con constancia en el documento que se explicará tras la rueda de prensa de ministros, se prometió una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que contara con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal, reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción o aumentar "los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente".

Ahora, ocho meses después será presentado por el Consejo de Ministros ante las últimas informaciones que apuntan a la figura del presidente del Gobierno y su pareja, Begoña Gómez.