Sánchez inicia con Iglesias su reforma constitucional

El líder del PSOE se reunirá con su homólogo de Podemos el lunes para empezar a tejer el consenso necesario para sacarla adelante.

PSOE y PSC oficializaron ayer su respuesta al desafío catalán eclipsados por la purga de consejeros en el Govern para garantizar un referéndum sin desertores, lo que da una idea del escaso margen de interlocución existente con la Generalitat. La Declaración de Barcelona «Por el catalanismo y la España federal» rubricada por las ejecutivas de ambas formaciones y presentada por Miquel Iceta y Pedro Sánchez bebe de la Declaración de Granada de 2013 y de las conclusiones del 39º Congreso de junio y supone una oferta en la que se prioriza la reforma constitucional para frenar la deriva independentista. Esa modificación de la Carta Magna deberá contemplar, en lo que se refiere a la organización territorial del Estado, al menos cuatro grandes cuestiones: «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat desde el respeto y la lealtad institucional, un acuerdo sobre la financiación autonómica que dote de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas y el establecimiento de un Senado federal como mecanismo de representación territorial de las comunidades autónomas facilitando así su participación en la toma de decisiones en el ámbito estatal».

Sin embargo, los socialistas son conscientes de que para dar salida a estas cuestiones con éxito deben contar con un «consenso sólido» y esa es la tarea en la que van a emplear sus esfuerzos, principalmente dirigidos a las fuerzas del cambio. Por un lado, Sánchez encabezará el lunes la delegación del PSOE en la reunión con Unidos Podemos en el Congreso, una cita que cerraron ambos líderes en una conversación telefónica. Por otro lado, el secretario general socialista también se ha mostrado dispuesto a esperar a que pase el 1 de octubre, como exige Albert Rivera, para contar con Ciudadanos en la apertura de una subcomisión que estudie la reforma constitucional, a pesar de que los socialistas abogaban por ponerla en marcha tan pronto como diera comienzo el periodo de sesiones. «¿Por qué poner una fecha cuando lo importante es poner sobre la mesa una solución?», se preguntó Sánchez lacónico, aunque posteriormente reconoció que está dispuesto a priorizar que la reforma llegue a buen puerto, por independiente del momento en que se inicie. «Si Albert Rivera considera que hay que hacerlo después del 1-O, perfecto, pero que se haga», resolvió.

A quien no va a esperar el PSOE es al PP. Si Sánchez no ha dado margen a Rajoy para negociar con Puigdemont, como le exigió, y ha presentado su propia propuesta en solitario, tampoco va a contar con el Ejecutivo para impulsar la reforma de la Carta Magna ahora que existe una mayoría alternativa para ello. Por el contrario, Sánchez sí está dispuesto a iniciar una ronda de consultas con políticos –incluido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont– y referentes sociales e intelectuales de la sociedad catalana para trasladarles sus propuestas para Cataluña. El líder socialista anunció ayer que va a doblar su presencia en esta comunidad para defender sus recetas contra el soberanismo. Hoy mismo estará en la presentación de Miquel Iceta como candidato a unas eventuales elecciones si fracasa el referéndum secesionista.

Lo que no concretan los socialistas es el foro en el que pretenden abrir el melón de la reforma constitucional, en el documento se refieren a una «subcomisión o el órgano parlamentario que se considere más conveniente», pues entienden que el «vehículo es lo menos importante». Además de la reforma de la Constitución, los socialistas glosan en la Declaración de Barcelona otros aspectos objeto de negociación con la Generalitat, como los 46 puntos que el Govern trasladó a Rajoy –excluido el referéndum–; el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que se prevé la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial; mejorar el sistema de financiación autonómica o la inversión estatal en infraestructuras estratégicas y reconocer la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña, entre otros aspectos.

Con esta apuesta, los socialistas quieren abanderar «el diálogo y el pacto» y se felicitan de trasladar –desde el propio partido– un mensaje de unidad de análisis y soluciones coherentes para salir de la falsa disyuntiva entre rupturismo e inmovilismo que han impuesto las malas relaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat. «Rajoy aspira a gobernar España con Cataluña, sin Cataluña», se quejó.