Sánchez, en manos de PP y Junts para aprobar los primeros decretos del año

El Gobierno se enfrenta esta semana a la primera prueba parlamentaria de este 2025. El Congreso de los Diputados somete el próximo miércoles a debate y votación los últimos decretos aprobados por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros. En concreto, sobre la mesa está fijar un gravamen energético, compatibilizar la pensión con un empleo y revalorizar las pensiones y prorrogar las ayudas al transporte público. La convalidación o derogación de estas iniciativas gubernamentales vuelve a escapar del control del Ejecutivo que, a día de hoy no tiene los números para asegurar que saldrán adelante. Nada nuevo bajo el sol.

El Gobierno se enfrenta a 48 horas límite en las que buscará negociar para sortear el abismo de una nueva derrota parlamentaria. La novedad, radica ahora en que Pedro Sánchez no solo está en manos de Junts, como es habitual, sino que también ha entregado una importante capacidad de influencia al Partido Popular en su agenda legislativa. El PSOE ha cambiado de socios en materia de pensiones y en la mayoría de la investidura existe un profundo malestar. La duda que asalta a los socialistas es si, al filo de la votación, el PP les dejará caer y no saldrán al "rescate" como ha anunciado.

De los tres decretos, tan solo el que se refiere a la prórroga del decreto anticrisis -que, entre otras medidas, incluye los descuentos en el transporte público o la prohibición de cortar los suministros básicos- tenía visos de salir adelante con la mayoría de investidura que sostiene al Ejecutivo. Sin embargo, el pasado viernes, Carles Puigdemont dio un golpe sobre la mesa y suspendió las negociaciones con los socialistas, amagando con dejar caer las ayudas sociales que contiene. Desde el PP no aclaran todavía el sentido de su voto, el poder territorial de los populares se beneficia del grueso de las medidas que contiene el decreto, entre ellas, las relativas a las rebajas del precio del transporte público.

No hay mejores perspectivas en lo que respecta a la tercera pata de la reforma de las pensiones. El texto permite que se compatibilice la percepción de la pensión mientras se sigue trabajando, la "jubilación activa", y posibilita que los trabajadores puedan acceder antes a la jubilación parcial. Para que salga adelante, el PSOE necesita al PP, que ya dejó intuir la semana pasada su apoyo, y lo necesita porque algunos de sus socios habituales se han desmarcado, mostrando abiertas diferencias. EH Bildu, BNG y Podemos no lo votarán y esto permite a los populares tener al Gobierno en sus manos para negociar los detalles de la reforma.

Pero, sin duda, es el tercer decreto el que se enfrenta al panorama más complicado. El decreto de prórroga del impuesto a las empresas energéticas fue un ejercicio de funambulismo parlamentario del Ejecutivo para tratar de salvar los muebles con la reforma fiscal, asegurándose el apoyo de unos y otros prometiendo una cosa y la contraria a sus socios. PNV y Junts ya dejaron claro su voto contrario a cualquier nuevo gravamen a estas compañías. La mayoría de la investidura cojea de la pata derecha en materia fiscal y se prevé que el Gobierno fracase, tampoco se ha esforzado en lo contrario, en colmar las expectativas de sus socios de izquierdas en esta cuestión.