Santamaría contacta con todos los grupos para impulsar el pacto anticorrupción

MADRID– La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para hacer efectivo el mandato del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de impulsar un nuevo pacto anticorrupción, como ya propuso en 2009, sin que prosperase. Aquella iniciativa fue una reacción de Rajoy, entonces líder de la oposición, a las polémicas noticias sobre el «caso Gürtel». Sáenz de Santamaría abrió los contactos el lunes por la tarde, horas después de la intervención de Rajoy ante su Ejecutiva.

Tanto el presidente del Gobierno como Alfredo Pérez Rubalcaba son conscientes de la erosión de la vida pública y también de la necesidad de acabar con determinadas prácticas políticas. Pero aun estando de acuerdo en el fondo, no parece que coincidan en los tiempos. Así se desprende de la respuesta que Elena Valenciano, número dos del PSOE, dio la noche del lunes a la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría propuso a Valenciano dar un empujón a la Ley de Transparencia y de Buen Gobierno que se está tramitando en el Congreso y que socialistas y populares habían acordado ya hace semanas aprobar conjuntamente. Precisamente desde hoy desfilan por la Comisión Constitucional una veintena de expertos en la materia para dar su opinión sobre el anteproyecto remitido a la Cámara Baja por el Consejo de Ministros.

Como recordarán, PP y PSOE habían constituido, antes de Navidad, sendos grupos de trabajo para coordinar los trabajos de la Ley de Transparencia con el objetivo de presentar incluso enmiendas conjuntas al articulado, una vez fueran recogidas las aportaciones de los expertos. Y la voluntad política sigue intacta, si bien hay diferencias sobre el momento en que se debe escenificar ese gran pacto contra la corrupción que expulse de la vida pública a quienes cometan cualquier ilegalidad. Según la versión del PSOE, el Gobierno está interesado en sentarse ya a negociar para dar respuesta al impacto mediático y social que ha tenido el «caso Bárcenas». Y los socialistas, por su parte, han puesto como condición para empezar a negociar que el PP aclare antes todo lo referente a la cuenta en Suiza de 22 millones del ex tesorero de la calle Génova. «Las prisas no son buenas y en este caso no podemos dar la sensación de que nos precipitamos en alcanzar un pacto para tapar los escándalos más recientes», aseguran desde la dirección socialista. Rubalcaba defiende, pues, que «este no es el momento» para que los partidos hablen de un pacto contra la corrupción política, sino que, es la hora de pedir al Gobierno y al PP que «aclaren su responsabilidad» en todo lo que la se ha publicado en torno a su ex tesorero. Y por eso hoy mismo pedirá al juez pablo Ruz de la Audiencia Nacional que llame a declarar a Luis Bárcenas y que «investigue» tanto la cuenta suiza en la que se le atribuyen 22 millones de euros, como los supuestos sobresueldos en dinero negro que recibieron dirigentes de este partido.

Mientras, aseguran en Moncloa que perciben en los otros grupos «disposición a colaborar en la búsqueda de nuevos instrumentos para reforzar los controles y reforzar el sistema frente a las conductas ilícitas». Si Santamaría telefoneó el lunes por la noche a Valenciano ayer por la mañana hizo lo propio con el resto de portavoces parlamentarios. Telefoneó, entre otros a Cayo Lara (IU), Josep Antoni Duran Lleida (CiU) y a Aitor Esteban (PNV). Y quien más proclive al acuerdo se mostró fue el portavoz de los nacionalistas catalanes, según fuentes parlamentarias.

De momento, su primera propuesta es la citada Ley de Transparencia y Buen Gobierno que se tramita en el Congreso. Y a finales de febrero el Gobierno remitirá a los demás grupos el plan de regeneración democrática en el que trabaja el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), por encargo de la Vicepresidencia.

A partir de ahí, desde el Ejecutivo insisten en que están abiertos a estudiar todas las medidas que tengan a bien proponer el resto de partidos. Y también subrayan que la fuerza reside en que salgan a delante con el mayor apoyo parlamentario posible. De momento el Gobierno no incluye entre sus propuestas la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos ni tampoco nuevas medidas para hacer efectiva la expulsión de la vida pública de los imputados por corrupción. Sostienen que la generalización y la criminalización de todos los políticos «perjudica al conjunto del sistema».