El Senado no tiene prisa en la renovación del Tribunal Constitucional

La renovación del Tribunal Constitucional (TC) ha tensado las costuras del parlamentarismo español y ha dejado situaciones inéditas, pero, finalmente, el Gobierno se ha salido con la suya y PSOE y Podemos han conseguido la mayoría que pretendían en el tribunal de garantías: actualmente, hay siete magistrados progresistas y cuatro conservadores. Es decir, hay once magistrados en total, cuando debería de haber doce: el que falta corresponde nombrarlo al Senado, a propuesta de los parlamentos autonómicos. El elegido sustituirá al exmagistrado conservador Alfredo Montoya, que renunció al cargo en julio del pasado año por problemas de salud después de un año de baja médica. Por tanto, el relevo debería recaer también en un magistrado de signo conservador. Sin embargo, ese nombramiento parece dormir el sueño de los justos porque acumula ya varios aplazamientos y el puesto va a estar vacante al menos nueve meses (y más de año y medio desde que Montoya causara baja en el tribunal de garantías).

Ahora, el plazo para que los parlamentos autonómicos propongan a un candidato para que sea votado en el Senado se alarga hasta el 18 de abril, tal y como ha decidido este martes la Mesa del Senado (anteriormente, en octubre de 2022 se prorrogó hasta diciembre y entonces, de nuevo hasta el 14 de febrero). Lo decidió así por petición de Canarias, aunque, según explicaron desde la Cámara Alta, se han ido decretando sucesivos aplazamientos por petición de diferentes comunidades.

Hasta el momento, tan solo los parlamentos de Aragón, Extremadura y Galicia han propuesto candidato a ocupar la plaza vacante: las comunidades gobernadas por el PSOE (Aragón y Extremadura) han planteado a José Ricardo de Prada y Aurelio Blanco, mientras que la gobernada por el PP (Galicia) ha planteado a José Luis Costa Pillado. Sin embargo, tanto Cantabria como la Comunidad de Madrid han renunciado a proponer candidatos.

Si el próximo 18 de abril el resto de parlamentos autonómicos sigue sin proponer candidatos, la Mesa del Senado deberá decidir si continúa prolongando los plazos o lo da por finalizado de una vez por todas, convocando una votación con los nombres que ya hay propuestos (previamente, habrá que convocar la Comisión de Nombramientos). En todo caso, como se ha apuntado, ya es el cuarto aplazamiento decretado: el primer plazo se cumplió el 11 de octubre; el segundo, el 12 de diciembre; y, el tercero, este 14 de febrero.

Lo cierto es que esta lentitud en el nombramiento promovida por algunas autonomías (en este caso, por Canarias, gobernada por el PSOE) contrasta con las prisas que imprimió el Gobierno de Pedro Sánchez, que impulsó una reforma legal exprés para modificar los métodos de elección, que sin embargo fue paralizada cautelarmente por el propio Tribunal Constitucional en un episodio inédito del parlamentarismo español.

Ante la falta de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno impulsó una reforma que tenía como objetivo despejar los obstáculos para la renovación del TC, que garantizaba una mayoría progresista con un puñado de leyes estrellas del Ejecutivo de coalición a la espera del examen de constitucionalidad (la ley Celaá, la de la eutanasia, la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos en funciones y la ley del «solo sí es sí», entre otras). Hasta el punto de que avaló que el relevo pendiente de cuatro de sus magistrados (la institución se renueva por tercios cada cuatro años) se pudiese llevar a cabo en solitario por el Gobierno si en el órgano de gobierno de los jueces no se ponían de acuerdo. En esa misma línea, la reforma prescindía de la intervención del Pleno del TC en esa renovación –obviando su votación sobre la idoneidad de los candidatos propuestos–.

Pero, finalmente, hubo fumata blanca en el CGPJ y sus dos candidatos –César Tolosa y María Luisa Segoviano– se convirtieron el pasado enero en nuevos magistrados del TC junto a los dos candidatos elegidos por el Ejecutivo: el exministro Juan Carlos Campo y la que fuera alto cargo de Moncloa Laura Díez. Desde entonces, la mayoría progresista en el Constitucional está garantizada con siete magistrados de este signo frente a cuatro conservadores. Pero de la designación del sustituto de Montoya (que estrecharía la distancia entre ambos bloques), ni rastro.

En cualquier caso, más allá de la guerra política que ha adquirido la renovación del tribunal de garantías, también está afectando de lleno a la dinámica de funcionamiento del tribunal. Sin ir más lejos, la pasada semana el Pleno rechazó las recusaciones de cuatro magistrados, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, pese a que una de las magistradas recusadas, Concepción Espejel, había optado por abstenerse. Uno de los argumentos esgrimidos fue que sin esos cuatro magistrados, no habría quórum para tomar decisiones (el mínimo son ocho magistrados). Un quórum que sí se habría garantizado, recuerdan fuentes del TC, si el Senado hubiese nombrado ya al sustituto de Montoya.