«Si queremos liquidamos a Cándido»

UGT Andalucía y por contagio el sindicato a nivel nacional atravesaron por una situación crítica a finales del año pasado. Se abrió de par en par una guerra interna con raíz en la oleada de informaciones sobre las irregularidades contables del sindicato que desembocó en la dimisión de Francisco Fernández como secretario general el 29 de noviembre pese a que llevaba medio año escaso en el cargo. Desvío de subvenciones para mariscadas, regalos o incursiones en países exóticos que llevaron a la Junta a reclamar 1,8 milones de euros.

La dimisión abrió en canal el sindicato, con dos frentes bien diferenciados. Los que apostaban por una opción regeneradora, con la constitución de una gestora hasta la celebración de un congreso extraordinario, y los que querían un congreso exprés para que pudiera seguir la misma Ejecutiva con algunos cambios cosméticos. Triunfó esta segunda opción, en contra de la opinión del máximo responsable del sindicato a nivel nacional, Cándido Méndez, con la «acqua alta» del caso de las facturas falsas de UGT colándose, como vuelve otra vez a colársele con el levantamiento del secreto de sumario, por debajo de la puerta de su despacho.

Diciembre fue un mes voltaico. La sede de la calle Antonio Salado de UGT-A se convirtió en un polvorín que acabó de explotar cuando la Guardia Civil, por orden de la juez Mercedes Alaya, se personó en vísperas navideñas en este edificio y se llevó la abundante documentación de expedientes de ayudas que UGT-A custodiaba en unos archivos blindados que los trabajadores llaman «el palomar».

Lo que no sospechaban algunos cargos de UGT-A –otros sí habían sido avisados pertinentemente por sus abogados– es que la juez ya había dado orden a la Guardia Civil para pinchar teléfonos, instalar mecanismos de grabación en zonas públicas –pese a que requirió un protocolo especial– y hacer operaciones de seguimiento.

En mitad de este volcán se produjeron significativas conversaciones entre el ex secretario de Formación de UGT-A, Germán Domínguez, con varias personas pertenecientes al sindicato. El mismo día de los registros en Sevilla y Córdoba habló con Laureano Conde, el ex responsable de Acción Sindical en Sevilla al que el sindicato despidió acusándole de un borrado de archivos. Hablan sobre las posibles repercusiones de la investigación judicial –«me parece muy bien que limpien y que hagan todo lo que tengan que hacer», desliza Laureano Conde– y también del secretario general de UGT, Cándido Méndez. Están de acuerdo en que puede no tener culpa, «aunque como dirigente máximo tenía que haber cogido el toro por los cuernos. Esto ha pasado todo porque a Cándido le han faltado huevos».

Las transcripciones de los pinchazos efectuados por la Guardia Civil ponen de relieve los nervios y la efervescencia telefónica de esos días. Las críticas a Cándido Méndez son más duras en otra conversación entre Germán Domínguez y José Manuel Guerrero, ex secretario de Acción Sindical. Dice el primero: «La gestora no son 6 o 7 que quieran seguir... la gestora es Cubillo y los demás, e incluso Cándido (...) Si queremos liquidamos a Cándido, nos lo liquidamos, como está ahora mismo la prensa, nada más llame yo diciendo Cándido no puede estar veintitantos años en un puesto, Cándido se tiene que ir y se ha formado esto porque Cándido es el culpable por (ininteligible) o porque tendrá que ocultar algo».