Siete resoluciones que vulneran la sentencia contra la secesión

La última reivindica el derecho de los diputados. El texto recoge que se debatirá sobre la autodeterminación y se reprobará a la Monarquía.

El Tribunal Constitucional ha dejado claro ya desde su sentencia de febrero del año 2015 que no tiene encaje en el vigente ordenamiento jurídico el derecho de autodeterminación ni un referéndum unilateral sobre el mismo. Otras decisiones posteriores incidieron en las mismas cuestiones nucleares.

Sin embargo, estas decisiones del Alto Tribunal no parecen haber hecho efecto en los partidos independentistas ni en el Parlament, que, en no pocas ocasiones, ha aprobado resoluciones en las que se ignoraban los fallos del Constitucional. Ello ha ocurrido en al menos siete ocasiones en las que el Gobierno ha tenido que impugnar los acuerdos del Parlament por vulnerar la citada sentencia del TC del año 2015.

Así sucedió, por ejemplo, con la Resolución del Parlament 5/XII de julio de 2018, donde se instaba a la Cámara catalana a iniciar un proceso rupturista con España.

Igual sucedió con el Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, así como de sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña; o, por citar otro ejemplo, con los acuerdos del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 relativos a la tramitación de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación. Las más recientes han sido presentadas hace pocas semanas, y las dos resoluciones afectadas han sido suspendidas,

Esta decisión ha sido la tónica general en todas esas impugnaciones. En primer lugar, acordar la inmediata suspensión, y, posteriormente, en aquellas que ya han sido sentenciadas, las ha anulado.

La resolución que tramitará ahora el Parlament parece que seguirá los mimos pasos. Esta propuesta, pactada «in extremis» por Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP exige «la defensa» del «derecho a la autodeterminación» y clama contra el fallo del Tribunal Supremo en un nuevo órdago al TC. Pese a que el texto presentado por los tres grupos independentistas tiene hasta 15 puntos acordados, los polémicos son el 10 y el 11, subrayados en rojo por los letrados de la cámara.

En el 11, la resolución plantea que el Parlament «reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político». Y lo hace «ante las coacciones de los poderes del Estado para intentar limitar los temas de debate en el Parlament». «No hay más opción que defender el derecho a la representación política y a la libertad de expresión de todos los diputados y diputadas. Sin fisuras», aseguran las fuerzas secesionistas en su escrito.

El primero, el 10, es un anticipo en el que el Parlament «reivindica el derecho de los diputados y diputadas a poder debatir sobre todas las cuestiones que interesan a la ciudadanía, incluidos el derecho a la autodeterminación, la Monarquía o la soberanía».

Estos tres aspectos son justo los puntos de advertencia del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament, a la que ha exigido paralizar el trámite de propuestas que vayan en este sentido. De hecho, los letrados han puesto el acento de su advertencia en la palabra «reiterar» teniendo en cuenta la exigencia del TC.

El Parlament, señala la propuesta de JxCat, ERC y la CUP, «recuerda» que la propia cámara «ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde el año 1989 sin que esto haya sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado. Y se compromete a seguir haciéndolo si esta es la voluntad de los diputados y diputadas» en un intento de defender la posible votación que se lleve a cabo en el pleno.

La resolución también pone especial énfasis en la sentencia del 1-O, la «rechaza», exige la «libertad de los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión», además de tildar el fallo de injusto» y enmarcarlo «en una deriva autoritaria del Estado que afecta al conjunto de los demócratas», según sus propias palabras. El texto hace mención especial al caso de la ex presidenta Carme Forcadell, al considerar «un escándalo democrático» su condena a once años y medio de prisión «por haber permitido» que en la cámara catalana «se pudiese hablar de todo».

Asimismo, las tres fuerzas independentistas acusan al Estado de buscar la «criminalización generalizada de la disidencia política», advierten de que «el conflicto entre Cataluña y el Estado es de naturaleza política y, por lo tanto, no se resolverá mediante los tribunales» y denuncian la «censura que el TC pretende imponer» al Parlament. También reivindican el carácter «estrictamente cívico y no violento» del movimiento e instan al Govern a promover las iniciativas necesarias «para conseguir una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y España».