«Sólo nos quedan los tanques en la Diagonal»

Tras el anuncio de la consulta, las fuerzas soberanistas buscan «un acto de fuerza» que les permita acusar a España de «totalitaria e intransigente» como única salida para anularla y convocar elecciones.

La guerra soterrada es ya un clamor. A pesar de la foto de unidad, por encima de las solemnes proclamas separatistas, al margen de la escenificada pompa en el Patio de los Naranjos del Palau de La Generalitat, las grietas entre los socios del gobierno de Cataluña afloran por momentos.

«El referéndum encubre diferencias insalvables», afirman dirigentes del PDeCAT y Esquerra Republicana. En la cúpula de ambos partidos coinciden en que tras el anuncio de la consulta se busca «un acto de fuerza» que les permita acusar a España de «totalitaria e intransigente» como única salida para anularla y convocar elecciones.

Bajo una aparente y unívoca conjura, pero cada vez más distanciados, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras mantienen este objetivo común por diferente interés. «Se quieren dinamitar políticamente», reconocen convergentes y republicanos. Por ello, en la reunión previa al anuncio, los dos lo dejaron claro ante sus consejeros: «Nos interesa la provocación a Madrid».

La estrategia del presidente catalán y el líder de ERC es redoblar su pulso político bajo el paraguas del referéndum en aras de un rédito electoral y, sobre todo, con daño político entre adversarios. Puigdemont quiere pasar a la historia como el mártir del «procés», sin importarle una inhabilitación, incluso penas de prisión, dado que no será candidato, y así lo ha manifestado en su entorno. Su desafío busca ganar tiempo y paliar el revés electoral que auguran las encuestas al PDeCAT, con un pasado manchado por la corrupción. Si provoca una reacción airada desde Madrid, habrá logrado abanderar la hoja de ruta independentista con evidente deterioro para Junqueras.

Por su parte, el republicano está siendo muy presionado por su partido, cuyas bases son cainitas como revela su historia de líderes caídos. De ahí la gran dureza de su discurso en el acto anunciante de la consulta, que ha sorprendido en Moncloa, especialmente a quien ha sido su mejor interlocutora, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

«Solo nos quedan los tanques en la Diagonal», dicen gráficamente dirigentes soberanistas, conscientes de que acabarán perdiendo el pulso al Estado y que sólo «una respuesta de guerra» les permitirá salvar la cara. De nuevo acusaciones al Gobierno de España por su negativa al diálogo y a pactar un solución al conflicto. «Hemos llegado hasta donde hemos podido y nos lo han impedido», es el lema victimista.

La ausencia de un decreto de convocatoria firmado demuestra que los separatistas no las tienen todas consigo y se encuadra en la respuesta de Moncloa y los partidos constitucionalistas de que, por el momento, solo hay «gestos y no hechos». Aun así, nadie descarta que en la segunda quincena de agosto Puigdemont firme el decreto y consume su órdago final. Esto dejaría manos libres a Oriol Junqueras en su eterna aspiración hacia La Generalitat, con el peso de la ley sobre la cabeza de su rival.

Pero la provocación hacia Madrid ha pinchado en hueso. Según ha sabido este periódico, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría desplegó su astucia política y habló el viernes con Miguel Iceta y José Manuel Villegas. El líder del PSC lo hizo también con el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, al igual que hizo el coordinador de Ciudadanos con Albert Rivera. De estos discretos contactos surgió una respuesta consensuada y la decisión de no entrar al trapo: «Ni nervios, ni aspavientos; de momento sólo desdén». Esta es la reacción pública de Moncloa, el PP, los socialistas y CS ante el anuncio de la consulta.

No obstante, en el PSOE y Ciudadanos consideran necesaria también una alternativa política, y así se lo transmitieron José Luis Ábalos y José Manuel Villegas al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. El socialista Ábalos ejerce ya como portavoz de su grupo y mantiene una fluida comunicación con Hernando y Villegas.

Ábalos ofreció, en nombre de Pedro Sánchez, su apoyo al Gobierno en defensa de la Constitución, si bien su opinión es clara: «Entre quienes sólo defienden la ley y los que se la saltan, es necesaria una solución política». Fuentes del grupo socialista confirman la intención de plantear una iniciativa parlamentaria para crear una subcomisión en el Congreso que aborde el problema catalán. En este sentido, la pasada semana José Luis Ábalos mantuvo varios encuentros con Hernando, Villegas y el diputado convergente Jordi Xuclá, un veterano actual coordinador del grupo catalán enmarcado en el ala menos radical del nacionalismo. Precisamente su nombre sonó para presidir la comisión de investigación sobre la financiación del PP, que finalmente recayó en el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, gracias a cuyo voto el Gobierno sacó adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Los soberanistas inician este fin de semana una campaña de actos en defensa del referéndum, con despliegue en las calles de las organizaciones independentistas ANC, Omnium y la AMI y presencia de nombres como el entrenador Pep Guardiola o el cantante Lluis Llach. Pero en su entorno subyacen muchos nervios ante la estrategia del Gobierno. El portazo de la Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento constitucional, y la advertencia de los sindicatos para proteger a los funcionarios públicos han sido dos bofetadas.

El fracaso del llamado «Pacto por el derecho decidir», ya disuelto tras la negativa de Ada Colau y los Comunes a una consulta unilateral, otro tanto. Un nuevo jarro de agua fría en la hoja de ruta independentista que no ha bajado su escalada verbal. Puigdemont, ERC y los radicales de la CUP, insisten en sus ataques: «España es una dictadura y Europa tiene poca credibilidad democrática».

Las fuertes presiones de la CUP, la formación antisistema que marca la legislatura catalana, forzó el anuncio de la consulta ilegal y ahora está por ver hasta dónde llega Puigdemont. Los próximos meses serán todo un pulso entre el PDeCAT y Esquerra, sabedores de que su ruptura está al caer y de que nunca volverán a concurrir juntos en unas elecciones. Además, está pendiente la aprobación en el Parlament de la polémica ley de desconexión, que será de inmediato anulada por el Tribunal Constitucional. La imputación de Germá Gordó por el «caso tres por ciento», que le ha llevado a dejar el partido pero no su escaño, es un fuerte varapalo para los convergentes, en especial para Artur Mas, de quien fue consejero, gerente y mano derecha. Mas guarda un prudente silencio, aunque estos días recibe en su despacho del Palau Robert a varios dirigentes de la antigua Convergencia.

Algunos de ellos han seguido el camino de Gordó de abandonar el PDeCAT para encuadrarse en Nova Convergencia, la plataforma fundada por el ex consejero de Justicia, lo que ha levantado todas las alarmas en el partido. Mas sigue defendiendo en privado a su antiguo colaborador, dado que las acusaciones del TSJC son también una espada de Damocles sobre su cabeza. En su entorno y en el PDeCAT denuncian la actitud de Esquerra Republicana. «Junqueras se frota las manos», aseguran dado que el caso Gordó les beneficia. Pese a todo, la opinión general es que Puigdemont mantendrá el desafío y puede firmar el decreto del referéndum con todas sus consecuencias. Otros piensan que no se atreverá y la duda es si aguantará para ganar tiempo, o convocará elecciones tal y como le exige Junqueras. El republicano juega con ventaja, dado que argumentará haber hecho todo lo posible por la consulta y señalará a Puigdemont como el culpable de su fracaso. Si hay elecciones y las urnas le favorecen, logrará su eterno sueño de sentarse en el sillón de la Generalitat e iniciar una nueva interlocución con Madrid. El órdago está lanzado.