UGT-A subcontrató cursos a una fundación de la Junta que no justificó 48 millones

El sindicato UGT-A subcontrató de forma habitual cursos de formación de la Junta de Andalucía. La organización recibía los fondos, en ocasiones cofinanciados por la Unión Europea, y luego articulaba un sistema de reparto a través de «empresas ejecutoras». A cambio, el sindicato cobraba una comisión de intermediación. Este engranaje contable, que está siendo investigado judicialmente y sobre el que también ha puesto la lupa la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional, es conocido. Lo llamativo es que entre las subcontratas de UGT-A se encuentren entes de la propia administración, como la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), rodeada por cierto de una estela de irregularidades. Las otras rutas libres de «peaje» sindical eran adjudicar la subvención directamente a Faffe –que ha ocurrido también en numerosas ocasiones– o que la Consejería, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), realizara las acciones sin intermediarios –un planteamiento descartado de inicio porque la concertación ha consistido precisamente en el reparto de fondos entre los agentes sociales UGT, CC OO y la patronal CEA–.

La Faffe gestionó del Plan Intersectorial de Formación de 2008 al menos 568.999,26 euros, según lo acredita información a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. UGT-A fue la adjudicataria de una subvención de 9.173.235 euros y, de esta cantidad, convenió 6.364.307,50 con entes satélites de la organización, como la Fundación Escolapio, la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) o el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), además de otros entes externos al sindicato, entre los que se encuentra la Faffe. En un documento interno consultado por este periódico, la Faffe aparece dentro de la relación de organismos gestores, con la mencionada asignación de los casi 569.000 euros, relativos a una línea de subvención total de 792.875 euros.

El engranaje contable en torno a las «subcontratas» de UGT tiene varias piezas esenciales. Estos entes entregaban un depósito al sindicato e iban recibiendo, a medida que realizaban los cursos, libramientos porcentuales de la subvención, normalmente del 25 o el 50 por ciento. Una vez completaban las acciones formativas, presentaban facturas al sindicato que éste abonaba, según se desprende de una extensa documentación consultada, vía talón nominativo. Claro que, en este caso, se da la paradoja de que una fundación de la propia administración es la que tiene que rendir cuentas al sindicato.

La Faffe tiene un más que controvertido historial. Un reciente informe de la Cámara de Cuentas sobre la ejecución de la partida de formación profesional para el empleo –programa presupuestario 32D– es demoledor. Esta partida es justamente en la que se centra la investigación de la Unidad central de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) y la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, que apunta a un fraude millonario en cursos de formación.

Los tres actores de la concertación (UGT, CC OO y la CEA), además de la Faffe, gestionaron el 37 por ciento (275,9 millones) de la asignación total (746,3 millones) de la partida de formación profesional para el empleo en los ejercicios 2009 y 2010 con más sombras que luces. Faffe recibió 66,3 millones. La Cámara de Cuentas recoge que Faffe no ha presentado ninguna justificación de dos subvenciones que se elevan en total a 48,9 millones de euros y que otra de 8,9 millones para formación del personal de Delphi, está plagada de irregularidades, como la concesión de becas que estaban diseñadas para «discapacitados y otros colectivos con especiales dificultades». La fiscalización de la Cámara de Cuentas de las ayudas de formación entre 2009 y 2010 incluye precisamente varias líneas de ayudas de planes intersectoriales, como en el que Faffe actuó de «subcontrata» de la Unión General de Trabajadores.

Faffe ha sido, desde que se puso en marcha, un ente externo controlado por la Consejería de Empleo y con una fuerte carga política. Una fundación refugio de numerosos cargos del PSOE y diseñada para saltar los listones de legalidad impuestos por los funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo. De ahí que el enfrentamiento entre el personal del SAE y los denominados «enchufados» de la Faffe haya sido y siga siendo de elevada intensidad. Esta intensidad tocó su punto álgido cuando la Junta, en la reordenación del personal público, también llamada «ley del enchufismo», integró a la Faffe en el SAE. Actualmente hay 1.139 trabajadores de la extinta Faffe subrogados dentro del Servicio Andaluz de Empleo. Por ley no pueden realizar potestades públicas y se han quedado sin ocupación, ya que las competencias de formación pasaron tras las últimas elecciones de la Consejería de Empleo a Educación. El consejero de Empleo ha reconocido que la gestión de Faffe ha sido «absolutamente impresentable». La Cámara de Cuentas fiscalizará los fondos gestionados por Faffe desde 2003.