UGT y CC OO responderán con su patrimonio de las «mordidas» de los ERE

Alaya los considera responsables civiles subsidiarios de las comisiones exigidas por los sindicalistas detenidos

Manuel Pastrana, ex secretario general de UGT-A, junto a Cándido Méndez
Manuel Pastrana, ex secretario general de UGT-A, junto a Cándido Méndez

Los dos sindicalistas detenidos en la segunda fase de la «operación Heracles» no se enriquecieron personalmente. La comisión de 180.000 euros exigida a la mediadora Uniter estaba destinada a gastos de sus centrales.

Los dos sindicalistas detenidos en la segunda fase de la «operación Heracles» no se enriquecieron personalmente. La comisión de 180.000 euros exigida a la mediadora Uniter estaba destinada a gastos de sus centrales. Así lo declararon ante la Guardia Civil y ante la juez Mercedes Alaya. La decisión de la instructora ha sido inminente: como la «mordida» era ilegal y provenía de las sobrecomisiones de los ERE, UGT y CC OO deberán responder como responsables civiles subsidiarios de la fianza impuesta a ambos sindicalistas. En sendos autos a los que ha tenido acceso este periódico, la magistrada impone una fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto.

Estas cantidades corresponden al dinero obtenido por la intervención de los dos sindicalistas de UGT y CC OO en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. En los autos las cifras varían: aunque pactaron que cada «sindicato de clase» cobraría 180.000 euros, las transferencias que se llevaron a cabo en favor de UGT a través de una de sus sociedades vinculadas ascendieron a 188.762,90 euros. En el caso de CC OO, según detalla el auto, la cifra final alcanzó los 354.400 euros ya que también recibieron dinero de un despacho de abogados implicado en la trama y que percibía una parte de las sobrecomisiones de los ERE. A estos importes, la juez añade el tercio que marca el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que redondea las cantidades finales: 251.041,37 euros para Mera (UGT) y 471.352 euros para Carmona (CC OO). Las motivaciones corresponden a «la extraordinaria gravedad de los hechos que se les imputan, las penas elevadas a las que podrían enfrentarse y la compleja instrucción que se está llevando a cabo, que puede concretar o poner de manifiesto nuevos hechos delictivos cometidos por los encausados», aseguran los autos.

La decisión de la juez es un paso más que define la participación de las centrales en la trama. De momento, según los resultados de las investigaciones de la Guardia Civil, UGT y CC OO se embolsaron de manera presuntamente fraudulenta 7.648.851,71 euros de comisiones en los ERE. La mediadora Uniter les pagó 3.253.031 y Vitalia, 4.251.384. Falta concretar qué cantidades percibieron cada uno de ellos, aunque existe constancia en algunos casos. Por ejemplo, en el ERE de Santana, la empresa Atlantis (vinculada a CC OO) «se llevó 99.429,35 euros e ITG (UGT) 82.205,45 euros». La instrucción apunta a que la juez acabará reclamando el importe íntegro a las dos organizaciones.

En este caso, el siguiente paso será que los dos sindicalistas depositen las cantidades en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla o en su defecto designen bienes para el embargo de los mismos hasta cubrir las cantidades fijadas. UGT y CC OO deberán responder subsidiariamente –en el caso del segundo, primero lo tendrá que hacer la Federación Minero Metalúrgica y luego la propia central–, por lo que Alaya puede acabar embargándoles a ellos las cantidades solicitadas como fianza. Ambos están imputados por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Con esta resolución se abre de nuevo la vía a la expulsión de UGT como acusación particular del caso, decisión que, según fuentes consultadas, deberá afrontar la instructora próximamente.

Manuel Enrique Rodríguez, ex alto cargo de la Diputación Provincial de Sevilla, seguía los «presuntos designios» del ex consejero de Empleo José Antonio Viera para conceder subvenciones excepcionales de manera irregular. Es una de las conclusiones que mantiene Alaya en el auto en el que no impone fianza civil al detenido –que fue gerente provincial del IFA en Sevilla, la empresa pública que pagaba las ayudas por orden de Empleo– dentro de la «operación Heracles». La magistrada, por tanto, atribuye de nuevo un papel destacado a Viera.